El PP aplaudió ayer la cesión de agua a Barcelona aprobada el viernes en el Consejo de Ministros. Sin embargo, no fue un aplauso gratuito. El principal partido de la oposición entiende que el Gobierno ha "rectificado" su política del agua al aprobar lo que califican de "trasvase del Ebro". El Ejecutivo, sin embargo, repitió hasta la saciedad que su política sigue siendo la misma. Es decir, la de no a los trasvases. El plan gubernamental es otra cosa. Es una solución "urgente" y "temporal" a una situación de "extrema necesidad".

La ministra de Medio Ambiente, Elena Espinosa, se reunió ayer en Madrid con los consejeros del ramo. El objetivo era explicar el real decreto ley que permitirá que Barcelona beba agua del Ebro dentro de seis meses. Ninguno de los responsables autonómicos se opuso a la cesión de agua. La filosofía de la reunión fue que nadie pase sed. Sin embargo, los consejeros de las comunidades gobernadas por el PP dejaron claro que esa cesión es "un trasvase". Aunque el Ejecutivo diga lo contrario.

"Me sorprende la preocupación del Gobierno por no reconocer que lo que están haciendo es rectificar su política del agua", declaró Ignacio González, vicepresidente de Madrid. En la misma línea, la consejera de Castilla y León, María Jesús Ruiz, actuó de portavoz de sus colegas conservadores y también habló de "rectificación" por parte del Ejecutivo.

APOYO EXTREMEÑO Por su parte, la Junta de Extremadura mostró ayer su apoya a la conducción anunciada por el Gobierno de España para paliar los problemas hídricos de Barcelona porque es una decisión "necesaria, excepcional y urgente que se adopta en virtud de un criterio de estricta igualdad de derechos entre los ciudadanos de la nación". Así lo aseguró el Gobierno regional en una nota en la que recordó que esta medida "no supondrá la disminución del nivel hídrico del río Ebro".