"No vamos a hacer ninguna trasposición de la directiva" de los ´sin papeles´ aprobada por el Parlamento Europeo. Así de rotunda se mostró ayer la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, al ser preguntada por la polémica norma que establece un plazo de internamiento de los irregulares de hasta 18 meses, les otorga escasas garantías judiciales y permite repatriar a menores sin familiares en el país de origen. De la Vega y Corbacho, sostuvieron ayer que para otros países europeos donde ni siquiera existe límite en el tiempo de retención "la nueva norma es un avance", pero para España, "donde el nivel de garantías es muy alto", no comportará cambio alguno porque la directiva "establece unos mínimos", pero no fija ningún máximo en la cota de garantías. La única modificación legislativa prevista es la ampliación del tiempo de retención de 40 a 60 días que ya había sido propuesta por el ministro del Interior.
Sí tendrá consecuencias la directiva entre los europarlamentarios socialistas españoles. Los dos que votaron en contra de la directiva, Josep Borrell, Raimon Obiols y Martí Grau, podrían ser sancionados cuando concluya la investigación abierta. El Consejo de Ministros examinará hoy el decreto ley por el que se ofrecerá a los extracomunitarios en paro la posibilidad de capitalizar.
