El Gobierno de Irlanda ha reconocido que deberá estudiar una reforma de la ley del aborto, tras analizar "cuidadosamente" la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que ha condenado a este país a indemnizar a una mujer cuya vida corría peligro y a la que no se permitió interrumpir su embarazo.
Así lo ha afirmado la ministra irlandesa de Sanidad, Mary Harney, que ha precisado que, "sin embargo, llevará algún tiempo" formular propuestas "porque este es un asunto altamente sensible y un área compleja".
A pesar de la sentencia en contra de la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, la ministra ha destacado que esta no ha hallado contradicciones entre la Constitución irlandesa y el Convenio Europeo de Derechos Humanos.
SIMPATÍA PERSONAL
Harney ha manifestado que siente una "enorme simpatía personal" hacia las tres mujeres, residentes en Irlanda, que han llevado sus casos hasta el citado tribunal porque, por diferentes motivos, tuvieron que viajar al Reino Unido para interrumpir su embarazo.
La demandantes, dos irlandesas y una lituana, invocaron los artículos 2 (derecho a la vida) y 3 (prohibición de tratos inhumanos y degradantes) del Convenio Europeo de Derechos Humanos, así como el artículo 14, referido a la prohibición de la discriminación.
La Asociación Irlandesa de Planificación Familiar, que representa a las tres mujeres ante la justicia, ha asegurado que la sentencia "no deja al Estado otra opción que legislar sobre el aborto". Su director ejecutivo, Niall Behan, ha calificado la decisión judicial de "enorme y significativa" y ha afirmado que tendrá "consecuencias" para todas las mujeres de Irlanda.
TRES SUPUESTOS
Según la sentencia de hoy, Irlanda deberá indemnizar con 15.000 euros a una de las demandantes, pues subraya que a esa mujer no se le explicó si se daban las condiciones para abortar en su país y, por ello, las autoridades hicieron caso omiso de su obligación de garantizarle el respeto a "su vida privada".
De los otros dos casos, uno era el de una exalcohólica con cuatro hijos entregados al cuidado ajeno que se quedó embarazada "por accidente", pues pensaba que su pareja era estéril, y pidió un préstamo para sufragar los gastos del aborto en una clínica privada británica.
La otra demandante no quería ser madre soltera, por lo que, ante la sospecha de un embarazo extrauterino, abortó en el Reino Unido. La legislación irlandesa solo permite interrumpir el embarazo en los supuestos de cáncer de útero, embarazo extrauterino y preeclampsia (hipertensión inducida en la gestación).
