El Gobierno ha pasado del endurecimiento del discurso a asumir la dura realidad en tan solo 24 horas. El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, anunció ayer que para afrontar la actual ola de cayucos se duplicarán las plazas y el presupuesto destinado a "acoger e integrar" en la Península a los miles de subsaharianos llegados en las últimas semanas. Eso, el día después de que la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, garantizara que "todo el que entra en España de manera irregular saldrá más tarde o más temprano".

La proclama de la vicepresidenta es calcada a la lanzada, con más o menos énfasis, por todos sus predecesores, que la usaron de bandera de su política de inmigración con similar éxito al del actual Ejecutivo. La gran mayoría de los que llegan en cayuco no pueden ser repatriados porque o bien no pueden ser identificados o bien los países de origen rechazan la readmisión, aunque se hayan comprometido con algún convenio.

40 DIAS DE RECLUSION Una vez cumplidos los 40 días durante los que los irregulares pueden ser recluidos en un centro de internamiento, la alternativa a la repatriación es el traslado a la Península, donde son acogidos por los servicios sociales de las comunidades autónomas y por una red de oenegés que mantiene un convenio con el Ministerio de Trabajo. En lo que va de año, estas entidades han acogido a 9.800 africanos, pero más de 7.000 esperan recluidos en diversos centros de Canarias.

Las oenegés que participan en el convenio (Cruz Roja, CEAR, MPDL, ACEMM, el colectivo La Calle y CEACII) disponen actualmente de 1.082 plazas que duplicarán de modo inmediato y las convertirán en una estructura estable de acogida. En la reunión celebrada ayer con Caldera, este se comprometió a aportar "todos los fondos que sean necesarios".

También aprovecharon el encuentro para poner sobre la mesa una vieja reivindicación. Hace tiempo que han pedido al Gobierno que arbitre fórmulas legales que permitan "insertar en la sociedad a los subsaharianos cuando se haya agotado el plazo para ser repatriados".

Una vez acogidos en la Península, los africanos deambulan por España con una orden de expulsión en el bolsillo y con la expresa prohibición de trabajar de forma legal. Las entidades han apuntado incluso una de las fórmulas que podría adoptarse: que el Gobierno otorgara permisos excepcionales de residencia por razones humanitarias a los subsaharianos, según explicó el presidente de CEAR, Ignacio Díaz Aguilar. Los permisos se darían de forma individual, examinando a cada persona caso por caso. El Ejecutivo lleva tiempo estudiando la propuesta pero aún no ha dado ninguna respuesta, según Díaz Aguilar.

Caldera, como si hiciera el reverso de la moneda del discurso de De La Vega, destacó que la llegada de cayucos a Canarias "no tiene que ver con los flujos migratorios", sino con la "crisis humanitaria" que sufre Africa.

Sobre la posibilidad de modificar la ley para prolongar el periodo de internamiento, se mostró abierto a hablar con los partidos. "El periodo de 40 días fue establecido por el Gobierno del PP, pero podemos estudiar su modificación si los grupos parlamentarios lo proponen", indicó.