Atosigar por teléfono con ofertas para cambiar de operador de telecomunicaciones u ofrecer a un usuario servicios bancarios, de seguros o de conexiones a Internet que no ha solicitado será ilegal. El Consejo de Ministros dió ayer el visto bueno al proyecto de ley que prohíbe las prácticas comerciales agresivas y modifica la legislación para poner coto al spam telefónico. Aunque no están concretadas las penalizaciones, según fuentes del Ministerio de Sanidad y Consumo, podrán comprender desde una sanción económica hasta el cese de los servicios en el caso de las empresas más contumaces.
La norma, que ha contado con la colaboración de los ministerios de Justicia, Economía e Industria, incluye dentro de la consideración de actividad comercial "desleal y agresiva" las propuestas no solicitadas y reiteradas por fax, correo electrónico u otros medios de comunicación a distancia. No obstante, las principales empresas afectadas son las seis operadoras mayoritarias de telefonía.
FENOMENO EN AUGE Operadores de empresas con las que el usuario no ha tenido trato alguno llaman con insistencia para intentar venderle servicios y prestaciones que no ha pedido. Las llamadas suelen repetirse, al teléfono fijo o, en menor medida, al móvil, a menudo en horas de descanso, sin que el titular sepa cómo han obtenido su número ni qué hacer para que le dejen en paz. La mayoría de las veces, el número de quien llama permanece oculto como número privado, lo que dificulta discriminar la llamada.
El Gobierno trabaja con la idea de que la ley, que traspone una directiva europea, entre en vigor antes de fin de año. Tanto Sanidad como las asociaciones de consumidores podrán instar medidas judiciales contra las empresas que la incumplan. Además, se promoverá la creación de códigos de conducta en las empresas para evitar las prácticas comerciales desleales.
