Mientras José Luis Rodríguez Zapatero se esfuerza en explicar a la opinión pública la conveniencia de cerrar la central nuclear más antigua de España, en Santa María de Garoña (Burgos), con un goteo de declaraciones, en la Moncloa trabajan varios técnicos a marchas forzadas para vestir la decisión del Ejecutivo. El presidente del Gobierno se comprometió recientemente en el Senado a que su decisión sería "motivada". En este sentido, prácticamente nadie en el Gobierno, en el PSOE e incluso en el sector nuclear se atreve a poner en duda que el presidente acordará que la central sea clausurada en el 2011, cuando la planta cumplirá 40 años, como ha ido dejando entrever en los últimos días.

Pese a que la decisión está tomada, fuentes de la Moncloa apuntan que es previsible que se apure el plazo, que expira el 5 de julio, para que los mencionados técnicos ultimen todas las cuestiones que acompañarán la decisión.

Entre esas cuestiones, se prevé que el Gobierno apruebe un plan de desarrollo de la zona donde se encuentra la central y de recolocación de los más de 300 trabajadores fijos de la planta. Los antinucleares afirman que desmantelar una central puede generar hasta el triple de empleos, muchos de ellos de alta cualificación.