El Consejo de Ministros ha dado el visto bueno al anteproyecto de Ley propuesto por los ministerios de Sanidad y Consumo, de Justicia, de Economía y Hacienda y de Industria, Turismo y Comercio que prohíbe por primera vez las prácticas comerciales agresivas como el "spam" telefónico.
El anteproyecto supone la introducción de modificaciones en cuatro leyes generales: defensa de los consumidores y usuarios, competencia desleal, publicidad y ordenación del comercio minorista, y supone el primer paso para transponer la directiva europea 2005/29, relativa a prácticas comerciales desleales, señala en un comunicado el Ministerio de Sanidad y Consumo.
"El objetivo es aumentar el nivel de protección de los consumidores y de las empresas y profesionales que compiten legítimamente, así como contribuir al buen funcionamiento del mercado interior", afirma la nota.
El "spam" telefónico o la realización de propuestas comerciales no solicitadas y reiteradas por teléfono u otros medios de comunicación es una de las prácticas que en el anteproyecto de ley se consideran desleales y, por tanto, perseguibles.
En este sentido, el texto considera que pueden alterar el comportamiento económico de los consumidores las conductas engañosas que contengan información falsa o que, aun siendo veraz, por su contenido o presentación pueda inducir a error a los destinatarios; por ejemplo, en cuestiones como la asistencia postventa o el tratamiento de las reclamaciones.
Del mismo modo, se considera desleal y agresivo todo comportamiento que, mediante acoso, coacción, fuerza o influencia indebida, pueda mermar la libertad de elección o conducta de los consumidores en relación con el bien o el servicio que se oferte.
Para combatir todo este tipo de prácticas, el nuevo texto legal prevé la posibilidad de emprender acciones de cesación del acto o prohibición, de rectificación y de resarcimiento de daños, entre otras, por parte de los afectados y las autoridades competentes.
Además, el anteproyecto de ley prevé la promoción de códigos de conducta entre las organizaciones empresariales y profesionales que ayuden a controlar las prácticas publicitarias desleales de las empresas y a elevar la protección de los consumidores.
