Más policías. Más teléfonos móviles. Más coordinación judicial. Y más presión para que los fiscales hagan mejor su trabajo. Estas son las cuatro líneas del plan que ayer aprobó el Consejo de Ministros para atajar la violencia machista. Las 10 medidas servirán de parche hasta que, a finales de año, la ley contra los malos tratos sea una realidad.

Actualmente, hay 120 miembros de la Policía Nacional dedicados en exclusiva a atender a mujeres maltratadas. Son agentes que están en segunda actividad: tienen más de 55 años, están prejubilados y cobran un 30% menos. El Gobierno quiere incrementar esa brigada en 450 agentes más: 200 policías nacionales y 250 guardias civiles.

PLAN DEL PP No se trata de ninguna novedad. El año pasado, el Gobierno del PP presentó un plan voluntario para incrementar la plantilla policial para vigilar a maltratadas. Prometió 500 agentes, pero sólo 120 (los que hay hoy) aceptaron. El proyecto fue un fracaso debido a los pocos alicientes que ofrecía la nueva actividad para los agentes. Fuentes sindicales explicaron ayer que el Ejecutivo socialista se estrellará si copia el modelo del PP y no introduce ninguna novedad, como devolver a los profesionales a primera actividad.

El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, no supo concretar qué tipo de incentivos ofrecerán a los agentes y aseguró que ese asunto correspondía al ministerio del Interior. Este, a su vez, remitió al departamento de Caldera.

Como ya anunció el ministro hace varias semanas, el Ejecutivo también incluirá a los policías locales en esta lucha.

Otra de las iniciativas es la de facilitar un móvil a todas las víctimas que han recibido una orden de protección, el mecanismo que está en vigor desde agosto y que permite a los jueces dictar en 72 horas medidas penales (como el alejamiento del agresor) y civiles (como dar a las mujeres la custodia de los hijos).

Desde agosto hasta abril, 7.800 víctimas han obtenido la orden. Sin embargo, sólo 385 disponen de un teléfono móvil con el que llamar en caso de emergencia. En principio, la llamada la recibe el policía que tiene asignado. Sin embargo, si el agente está fuera de su turno, la comunicación es desviada al 091.

CARCEL PARA AGRESORES El plan incluye una petición a los fiscales para que reclamen con más frecuencia la prisión provisional para los maltratadores que incumplen las órdenes de alejamiento. Y les insta a que pidan la suspensión del régimen de visitas en caso de que la pareja tenga hijos. Ambos extremos están recogidos en la actual normativa, pero el ministro reconoció que "apenas se utilizan". El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, afirmó que su departamento luchará contra la lacra de los malos tratos "con la máxima energía" y "de forma muy contundente".

Según prevé el Gobierno, a partir de ahora, el juez también pondrá mayor celo a la hora de dictaminar el riesgo que corre una maltratada. A mayor riesgo, mayor protección policial. De hecho, según el plan del Gobierno los magistrados se coordinarán mejor con los fiscales y los agentes para evitar muertes. Se implantará un protocolo mediante el que se realizarán las denuncias, con más datos.

El PP criticó el proyecto del Gobierno por contener "medidas inconcretas y viejas". Mientras, las asociaciones de mujeres lo apoyaron, pero exigieron que se cumpla "de verdad".