El Consejo de Ministros aprobó ayer martes un documento llamado Informe de Progreso 2020, en el que el Gobierno se compromete a que la Agenda 2030 de desarrollo sostenible, impulsada por la ONU, sea la «hoja de ruta» para la reconstrucción del país tras el impacto de la pandemia de coronavirus.

El informe incluye varios compromisos, entre ellos el impulso de un pacto por los cuidados, la apuesta por una reindustrialización verde o el fortalecimiento de servicios públicos como la sanidad y la educación, que van en la línea con los 17 objetivos y 169 metas propuestos por Naciones Unidas para luchar contra el cambio climático, la desigualdad económica y apostar por el consumo sostenible, la paz y la justicia.

Una de las principales novedades del plan, elaborado por la vicepresidencia de Derechos Sociales capitaneada por Pablo Iglesias, es el pacto por los cuidados, que el Ejecutivo quiere impulsar a semejanza del pacto contra la violencia de género.

La intención del gabinete de Sánchez es crear un sistema estatal de cuidados, integrado por unos 300.000 empleos públicos, que cubran la atención a mayores, niños y dependientes, tal como adelantó la ministra de Igualdad, Irene Montero, en la comisión de reconstrucción del Congreso.

Y es que una de los problemas que ha puesto de manifiesto la pandemia son los fallos estructurales en los cuidados, que tradicionalmente recaen en las mujeres, y los problemas de conciliación que tienen las familias.

Para garantizar el derecho a recibir cuidados, el informe propone extender y fortalecer el sistema de atención a la dependencia, a través de una ampliación de la red pública de residencias, la atención domiciliaria y el aumento de la dotación de recursos.

Asimismo, propone universalizar la educación infantil de cero a 3 años, dado que en la actualidad el sistema público sólo cubre el 32% de la demanda.

Para llevar a cabo este fortalecimiento de lo público, el vicepresidente segundo propone «aumentar la progresividad y la capacidad recaudatoria del sistema fiscal», con el argumento de que España se encuentra entre los países con menos impuestos de la Unión Europea.

Reindustrialización verde / Por último, el plan apuesta por una reindustrialización verde del país, después de que la crisis sanitaria haya puesto de manifiesto la dependencia exterior del suministro de bienes y equipos necesarios para proteger la salud de la población.

Por otro lado, el Consejo de Ministros aprobó ayer la distribución de un crédito de 100 millones de euros destinado a financiar programas de las comunidades autónomas de protección a la familia y la reducción de la pobreza infantil, así como la prestación de servicios sociales.

En concreto, aprobó el reparto por comunidades autónomas de créditos por un valor de 100 millones de euros para la realización durante este año del Programa de Protección a la familia y atención a la pobreza infantil, destinado a cubrir necesidades básicas de alimentación, educación o vivienda. Se distribuyen 40 millones de euros para prestaciones básicas de Servicios Sociales, 45 millones destinados a la protección y la atención a la pobreza infantil y 15 millones para el programa destinado a garantizar el derecho básico de alimentación, ocio y cultura de menores durante las vacaciones escolares.

Además, en este acuerdo se incluye un crédito para proyectos de intervención social integral para la atención, prevención de la marginación e inserción del pueblo gitano, con una dotación de 412.500 euros. La propuesta fue trasladada al Consejo de Ministros por la vicepresidencia de Derechos Sociales y Agenda 2030, departamento en el que recaen ahora programas como el plan VECA (Vacaciones Escolares Continuar Aprendiendo), impulsado en el anterior Ejecutivo por el Alto Comisionado para la Lucha contra la Pobreza Infantil.

El crédito destinado al programa de protección a la familia y atención a la pobreza infantil servirá para financiar proyectos de intervención social y prestaciones económicas para mejorar la situación social y laboral de las familias con menores a cargo que presentan situaciones de privación material severa o riesgo de pobreza y de exclusión y no exige compromiso de cofinanciación de las administraciones regionales o municipales.

El dedicado a cubrir las necesidades básicas durante las vacaciones escolares, así como la conciliación de la vida familiar y laboral, refuerza las iniciativas que se están desarrollando desde comunidades autónomas y ayuntamientos en ese ámbito, garantizando alimentación saludable y apropiada.