La ministra de Educación, Isabel Celaá, reiteró ayer que la educación pública debe ser «el eje vertebrador» del sistema educativo y, por lo tanto, tener más peso que la concertada. Por eso, adelantó, el requisito que permite a la concertada ofrecer más plazas en la preinscripción escolar, alegando la «demanda social» (término que incluyó la LOMCE), será retirado en la nueva norma de educación que está elaborando el Gobierno socialista. Eso significa que el blindaje con que cuenta este modelo de escuela (centros privados con financiación pública) se rebajará, aunque Celaá quiso mandar un mensaje de tranquilidad a las familias que apuestan por él. «No estamos amenazando a la concertada. No la atacamos», aseguró.
«No todas las escuelas concertadas son iguales, las familias deben estar tranquilas. Hay escuelas concertadas que cumplen con los deberes sociales y educativos. Queremos que las escuelas concertadas asuman su compromiso social con la educación. Queremos una escolarización sin exclusión social, queremos escuelas inclusivas y equitativas», destacó la ministra haciendo mención a la necesidad de que los colegios respeten las normas comunes en el acceso, incluida la escolarización de alumnos con especiales necesidades de apoyo.
La iniciativa de Educación se enmarca en el proyecto para suprimir los recortes aprobados por el PP en época de crisis. La nueva ley que cocina el Gobierno implicará reducir las ratios máximas de alumnos por clase, así como la jornada lectiva de los profesores, que a partir de ahora será decretada por las comunidades autónomas. Como ya explicó a las pocas semanas de ser nombrada, Celaá destacó que la norma quitará los 10 días que hay que esperar en la actualidad para nombrar a interinos que sustituyan a profesores titulares de baja.
