El Gobierno trató ayer de aislar y minimizar el conflicto educativo, político y religioso reabierto por la prohibición del uso del pañuelo islámico, el hiyab, en un instituto de Pozuelo de Alarcón (Madrid). No sin demostrar cierta incomodidad y diferencias internas, el Ejecutivo y el PSOE rechazaron la petición del PP de impedir por ley el pañuelo e invocaron que prevalece el derecho a la escolarización.
La polémica ha llegado en pleno proceso de elaboración de la ley de libertad religiosa con la que el Gobierno pretende impedir la exhibición de simbología de confesiones religiosas en ámbitos públicos como las escuelas. Y eso sirvió ayer al PP para formular un silogismo: "Si lo que se pretende es quitar símbolos religiosos en los colegios públicos, ¿qué sentido tiene que algunas personas que vienen a España intenten imponer sus símbolos, como el velo, que supone una sumisión de la mujer al hombre?", se preguntó el diputado popular Rafael Hernando, quien rescató el discurso duro de su partido: "Si la comunidad islámica quiere, que cree centros privados, pero en los públicos no se nos puede imponer sus símbolos".
TOLERANCIA Y AUTONOMIA El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, y otros compañeros del Gobierno apelaron a la autonomía de cada centro y a la tolerancia. Caamaño descartó que la regulación sobre libertad religiosa entre al detalle de prohibir o regular el uso del pañuelo.
Sin embargo, las diferencias de discurso entre los socialistas fueron ayer evidentes. Mientras la ministra de Igualdad, Bibiana Aído, insistió ayer en que no le gusta "ningún velo", la titular de Sanidad, Trinidad Jiménez, opinaba que "llevar un pañuelo no molesta a nadie", y el vicepresidente tercero, Manuel Chaves, apuntaba, por su parte, que "los gobiernos también tienen responsabilidades en establecer normas claras al respecto".
El presidente de la Junta Islámica española, Mansur Escudero, pidió que en la norma sobre libertad religiosa "quede claro lo público y lo privado, y preserve que en el segundo caso prime la libertad individual".
ACCIONES LEGALES El presidente de la Federación de Entidades Religiosas Islámicas de España (Feeri), Mohamed Ali, anunció que emprenderá acciones legales contra el instituto de Pozuelo y que sus servicios jurídicos se plantean presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional. "Estamos trabajando para plantear un islam moderado y hechos como este dan la razón a los radicales", sostuvo. Riay Tatary, presidente de la Unión de Comunidades Islámicas de España (Ucide), también avanzó que estudian acciones legales.
