Con unas explicaciones un tanto confusas, la portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, anunció el viernes, tras el Consejo de Ministros, que el Gobierno estudiaría que el servicio jurídico del Estado "se persone como parte en defensa de las víctimas" en casos similares al de La Manada, que causen alarma social. Si bien, este martes la ministra de Justicia, Dolores Delgado, ha explicado que la Abogacía del Estado no pedirá ser parte del proceso, como la fiscalía o las acusaciones, sino que lo que se está analizando son "alternativas de acompañamiento" a las víctimas, "que no suplirán la labor" del Ministerio Público en defensa de los afectados.
Delgado ha puesto como ejemplo el acompañamiento que tienen los menores en los procesos de violencia machista. La aclaración de la ministra, en una entrevista en Onda Cero, se produce después de que el lunes la Fiscalía emitiera un comunicado en el que se mostraba su malestar con el Gobierno al señalar que su labor en "defensa y tutela de las víctimas está garantizada" en todos los procedimientos penales y "muy singularmente respecto a lo que son delitos sexuales".
Delgado ha señalado este martes que entiende que hayan surgido "susceptibilidades" pero que su intención es "suavizarlas" y de ahí su "explicación" sobre las intenciones del Ejecutivo.
