El Congreso de los Diputados acaba de dejar sin efecto una de las medidas más polémicas del Gobierno en los delitos contra las mujeres. A través de una reserva en un convenio del Consejo de Europa que regula este tipo de crímenes, el Ejecutivo se había eximido de enjuiciar a los extranjeros residentes que cometieran mutilación genital femenina, abortos forzosos, violación y acoso sexual cuando lo hicieran fuera de sus fronteras, dejando una vía de escape para este colectivo. España se convertía así en una excepción dentro del contexto europeo, y la decisión, desvelada por EL PERIODICO a principios de octubre, provocó una importante controversia. Amnistía Internacional alertó de que el país podía convertirse en un "refugio" para este colectivo. Pero el martes hubo marcha atrás.

El PP cambió su criterio en la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara baja. No lo hizo a iniciativa propia, sino arrastrado por los grupos de oposición. El primer partido que se movilizó fue ERC. Dos meses atrás, los republicanos registraron una enmienda que pedía que el tratado internacional, llamado convenio sobre prevención y lucha contra la violencia contra la mujer, se aplicara en toda su extensión. Otros grupos se sumaron después, utilizando los mismos argumentos.

Tal y como estaba planteada la reserva, si un extranjero residente en España acudía a su país de origen, o a cualquier otro, y violaba a una mujer, podía quedar impune para la justicia española. En cambio, si se trataba de un extranjero residente en el Reino Unido o en Italia que violase una mujer en un viaje, sí sería perseguido por los tribunales de esos países. Después de que la oposición tachara la medida de "barbaridad", el PP la dejó sin efecto.

La exención no era defendida por todo el Gobierno. Quien la amparaba era el Ministerio de Justicia. "Obedece a motivos de operatividad --señalaron en octubre en el departamento--. Estos delitos son muy difíciles de perseguir si la víctima, los testigos e incluso el acusado se encuentran fuera de España, ya que puede tratarse de un residente que salga del país, cometa el delito y ya no vuelva a España". Sin embargo, la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad se oponía al entender que estos crímenes deben ser perseguidos "se cometan donde se cometan".