La Abogacía del Estado ha presentado un recurso de apelación contra el procesamiento de los 16 agentes de la Guardia Civil por su actuación en la playa del Tarajal el 6 de febrero de 2014, cuando 15 migrantes murieron ahogados intentando entrar en España. Según argumenta, "los fallecimientos no se produjeron un España", por lo que la causa no está bajo la jurisdicción española.
El escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, está firmado por la Abogada del Estado-Jefe, Zaida Isabel Fernández, que representa y defiende a diez de los 16 agentes. La jueza encargada de la instrucción del caso, tras dos intentos de sobreseimiento, decidió procesar a los agentes de la Benemérita al apreciar indicios de que, con su proceder, incurrieron en dos presuntos delitos de homicidio imprudente y denegación de auxilio, según señaló en el auto judicial.
Pero para la Abogacía del Estado, "no se produjo ningún fallecimiento en el lado español del mar", tal y como avanzó 'El Confidencial'. Asimismo, en el escrito apunta que "ninguna actuación de la fuerza española se desplegó en el lado marroquí del mar" y "los nadadores que alcanzaron la costa española fueron auxiliados por los agentes y fueron rechazados en frontera sin que presentaran lesiones". Con estos argumentos, sostiene que es "insostenible" continuar las diligencias previas porque "no existen indicios racionales de haberse perpetrado los hechos que han dado motivo a la formación de la causa".
Tras este movimiento de las defensas, la gran incógnita del caso estriba en cuál será la posición de la Fiscalía, que hasta ahora siempre ha apoyado los dos autos de sobreseimiento dictados, revocados en ambos casos por la instancia superior.
LOS ARGUMENTOS DE LA ABOGACÍA
"No hay ni un solo motivo (ni suficiente ni insuficiente) para considerar que los guardias civiles imputados puedan ser responsables de ninguno de los delitos", remarca la Abogacía, que pide a la Audiencia Provincial el sobreseimiento libre de los delitos de homicidio imprudente y denegación de auxilio, y el consiguiente archivo de las actuaciones. En el escrito para impugnar el auto de procesamiento, defiende que la instructora "parte de una primera premisa errónea al señalar que las personas inmigrantes estaban bajo control de fuerzas del orden de españolas". Además, la Abogacía del Estado insiste en que "no resulta probado que los fallecimientos se produjeran en España, que es donde intervino la fuerza española", al tiempo que apostilla que "no puede hablarse de 15 fallecimientos", ya que "fueron 5 los que aparecieron, días después en la costa española".
Sobre la denegación de auxilio que la instructora recoge como hecho punible contra los agentes, la defensa de 10 agentes sostiene que "no hay ningún elemento de prueba que sustente" esa premisa. "Todos mis representados socorrieron a los inmigrantes de acuerdo con los medios de que disponían y en la medida en que podían hacerlo sin riesgo propio ni de terceros", enfatiza.
Con respecto al uso de materiales antidisturbios, incide en que los hechos acreditados en las diligencias previas "difieren" de los que la instructora recoge en el auto de procesamiento a los agentes. En definitiva, para la abogada del Estado, ni consta ni se han producido "presuntos hechos punibles o relevantes desde un punto de vista penal y la identidad de los presuntos responsables". "Estas diligencias se han convertido, en una suerte de investigación genérica de hechos, que no revisten trascendencia penal, o que al menos, son de imposible atribución a ninguna de las personas que se encuentran imputadas, y cuyo objeto parece que se ha centrado en demostrar la corrección de actuación de los agentes de la guardia civil", destaca, apuntando hacia una "vulneración del derecho de defensa".
PETICIÓN DE LAS FAMILIAS
Padres y madres de seis de los migrantes han vuelvo a solicitar esta semana personarse como acusación particular en la causa que mantiene como procesados por la comisión de presuntos delitos de homicidio imprudente grave con resultado de muerte y denegación de auxilio. Los interesados, todos ellos de nacionalidad camerunesa, son los progenitores de otros tantos fallecidos nacidos entre 1986 y 1995. Según el escrito de su representación procesal, a cuyo contenido ha tenido acceso Europa Press, ya formularon idéntica solicitud con resultado negativo el 23 de febrero de 2015.
El Juzgado número 6 de Ceuta, que instruye la causa, solicitó a finales de 2014 los originales de los poderes y posteriormente los originales de los documentos acreditativos del parentesco de los solicitantes con las personas fallecidas.
