La reforma de la ley de Costas, cuyo anteproyecto se tramita en el Senado y podría aprobarse en el pleno del 23 de abril, reducirá el área de protección de la costa de 100 a 20 metros en aquellas "zonas con edificación consolidada", lo que pemitirá legalizar miles de viviendas irregulares. No obstante, el secretario de Estado de Medio Ambiente, Federico Ramos, ha asegurado esta mañana que la amnistía no afecta al hotel El Algarrobico (Almería), icono de los incumplimientos medioambientales, "entre otras cosas porque tiene dos sentencias firmes que declaran su ilegalidad y deben cumplirse".
Críticas ecologistas
La filosofía de los cambios impuestos por la mayoría del PP van en la línea, según Ramos, de resolver la situación de los núcleos de población preexistentes a la ley de Costas de 1988, que no tenían entonces la calificación de suelo urbano. Medio Ambiente defiende que el cambio responde a las reclamaciones de Canarias, Galicia y de numerosos propietarios extranjeros que compraron viviendas en estas zonas. Los grupos ecologistas acusan al Gobierno de "legalizar los desmanes urbanísticos acaecidos durante los años de burbuja inmobiliaria". Greenpeace considera que el PP rebaja la protección de la costa para favorecer su privatización.
