El Gobierno, convencido de que la reforma de la ley del aborto es "garantista", "ajustada a derecho" y "a la realidad social" española, en palabras de la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega, y lejos de amilanarse ante las críticas, procedentes incluso de las filas del PSOE, ha decidido mantener que las jóvenes de 16 y 17 años puedan interrumpir su embarazo sin comunicárselo a sus padres.

Tal es la voluntad del Ejecutivo de preservar el derecho a decidir libremente si se quiere o no ser madre, que entre los escasos cambios introducidos en el proyecto, aprobado ayer por el Consejo de Ministros, destaca que las mujeres tendrán la última palabra también si el feto sufre una enfermedad grave. Los médicos que seran contrarios al aborto sí podrán formar parte de los comités clínicos que diagnostiquen esos casos, pero ya no deberán autorizar la intervención, sino que quien decidirá será la embarazada.

EL ENCAJE LEGAL El anteproyecto de ley aprobado en mayo señalaba que si pasada la semana 22 de gestación se descubre que un feto sufre una enfermedad "extremadamente grave o incurable" --situación que no se da con frecuencia--, un panel de especialistas formado por médicos que no se hayan manifestado "contrarios a la práctica de la interrupción voluntaria del embarazo" debía autorizar el aborto. Pero el Gobierno se ha visto obligado a eliminar esta exclusión porque el Consejo de Estado, entre otros, le advirtió de que podía no tener encaje constitucional, dado que aún no se ha regulado la objeción de conciencia. No obstante, para evitar que algún médico logre impedir una interrupción voluntaria, ha establecido que sea la mujer la que tenga la última palabra.

En cada comunidad habrá al menos un comité integrado por dos especialistas en ginecología y obstetricia o expertos en diagnóstico prenatal, así como un pediatra. La mujer podrá elegir a uno de ellos.

En la exposición de motivos, también a sugerencia del Consejo de Estado, se han introducido varios argumentos que refuerzan la constitucionalidad del texto para dificultar que lo tumbe una sentencia, dado que el PP ya ha anunciado que recurrirá la norma. Entre ellos, destaca un fallo del Tribunal Constitucional que establece que "los no nacidos no pueden considerarse como titulares del derecho fundamental a la vida". Según explicó de la Vega tras el Consejo de Ministros, el texto establece que la vida prenatal "es un bien jurídico que merece una protección eficaz", pero esta se articula "a través de la voluntad de la mujer y no en contra de ella".

EL OBJETIVO No obstante, estos cambios son de escaso calado y no afectan a las pretensiones sustanciales de la ley: adaptar la normativa española a la de los países de nuestro entorno, evitar el coladero en el que se había convertido la norma actual y facilitar las intervenciones en la sanidad pública.

Fernández de la Vega pasó de puntillas por el aspecto más polémico de la reforma: que las chicas de 16 y 17 años puedan abortar sin informar a sus padres, pese a la polémica suscitada y las sugerencias de cambio por parte del órgano consultivo. La vicepresidenta tan solo mostró su deseo de que en la tramitación parlamentaria "se dialogue" de forma que se llegue a "cerrar los aspectos que han suscitado más debate".

LOS APOYOS Una de las razones que pueden haber llevado al Gobierno a no ceder en este asunto es el convencimiento de que cuenta con el apoyo suficiente, gracias a la izquierda, para sacar adelante la ley tal como está. Aunque puede que el Partido Socialista para sumar el apoyo de algún diputado convergente o peneuvista, y acallar de esta forma las críticas internas, acabe accediendo a introducir a última hora algún cambio.