El Gobierno ha respondido a la ola de indignación generada por la sentencia de ‘la Manada’ abriendo la puerta a una reforma del Código Penal. El ministro de Justicia, Rafael Català, ha movilizado a su departamento para valorar si la tipificación de los delitos sexuales, que data de 1995, «está convenientemente reflejada o es preciso actualizarla», mientras la fiscalía de Navarra ha anunciado su intención de recurrir el veredicto. Sigue considerando que los hechos son constitutivos de agresión sexual y no de abusos.

Será la sección penal de la Comisión General de Codificación del Ministerio de Justicia la que emitirá un primer dictamen tras el cual el Ejecutivo decidirá que camino emprender, aunque que todo parece indicar que la balanza se inclinará del lado de la reforma. «El Gobierno siempre ha estado, está y va a estar con las víctimas», dijo ayer el ministro portavoz Méndez de Vigo, al referirse a la «deleznable» agresión sexual protagonizada por los condenados.

«Quizá haya que empezar a pensar en cambiar las calificaciones de los tipos», señaló la secretaria general del PP, Dolores de Cospedal. Pese a que los conservadores suelen guardar la formas con los tribunales, la dirigente popular reconoció sin ambajes que la sentencia no le gustado. El fallo «es condenable, humanamente, de todo punto de vista», dijo, para incidir en que los hechos probados describen «una salvajada en la que ninguna mujer está a gusto» y en la que “no se puede decir que una mujer no se sienta intimidada. A mi, que la sentencia les imponga 9 años me parece poco, me gustaría que fueran más», añadió.

Si el Gobierno decide seguir adelante no será muy difícil que encuentre la colaboración de la oposición. El PSOE se han mostrado dispuesto a retocar la ley, aunque advirtió de que habría que hacerlo con «calma». «Quizás lo que haya que hacer es modificar ese Código Penal para dejar muy claro cuáles son los supuestos de violación y que no quede a la interpretación de los jueces, que no tienen formación ni en violencia de género ni en violencia sexual», explicó la vicesecretaria general, Adriana Lastra.

Los socialistas también son partidarios de cambiar otra ley, la del poder judicial, para que los profesionales que trabajan en la justicia tenga una «efectiva formación y especialización» en violencia machista.

LOS OTROS PARTIDOS / Podemos anunció que prepara ya su propia propuesta de reforma para que las víctimas «no tengan que acreditar su falta de consentimiento en delitos sexuales». Los morados aclararon que no se trata de aumentar las penas, sino de clarificar los tipos penales.

Ciudadanos, que dejó pasar muchas horas hasta que valoró al sentencia, se descolgó con la presentación de una proposición no de ley en el Congreso en la que insta a revisar toda la normativa en materia de prevención y lucha contra la violencia machista en todos los ámbitos.

En coherencia con su escrito de calificación final emitido tras la vista oral, la fiscalía de Navarra no tardó ni 24 horas en anunciar que recurrirá la sentencia. El Ministerio Público decidió recurrir en apelación por «infracción de ley» ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) al mantener su consideración inicial de que «los hechos son constitutivos de un delito de agresión sexual y no solo de abuso sexual», según hizo público en un comunicado.

Habrá que comprobar la composición de la sala y a qué magistrado se le encarga la ponencia. Si dependiera de la voluntad de la presidenta del TSNJ es muy probable que el recurso fuera estimado. Esther Erice aúna a este cargo el de miembro del Grupo de Expertos del Consejo General del Poder Judicial en violencia doméstica y de género y ha pedido que se espere a las resoluciones de las instancias superiores, la que ella preside y el Supremo, porque estas pueden «solventar la dudas» de interpretación que, reconoce, ha generado la sentencia.

Los abogados de los condenados ya anunciaron el jueves, tras conocer el fallo judicial, que van a presentar recurso, al igual que la víctima y las acusaciones populares, tanto el Gobierno foral como el Ayuntamiento de Pamplona.