En contraposición al exiguo respaldo que recibió la ley de calidad (LOCE), que fue aprobada en diciembre del 2002 con el voto favorable de su artífice, el PP, y Coalición Canaria (CC), la norma que viene a sustituirle, la ley orgánica de educación (LOE), obtuvo ayer el apoyo de cinco de las seis mayores formaciones políticas del Congreso. La última versión de la norma recibió el espaldarazo del PSOE, CiU, ERC, PNV e ICV, a los que se unieron CC y Eusko Alkartasuna (EA), una mayoría de 184 diputados entre 325. Frente a ellos, los 134 del PP rechazaron la ley.

El trámite, que deja la norma lista para enviar al Senado, donde previsiblemente reciba algún ligero retoque antes de que en tres meses se publique en el BOE, se saldó con siete abstenciones: tres de IU, que considera que en su afán por consensuar la ley con los grupos más conservadores al PSOE se le ha ido la mano podando artículos, y los del BNG, Chunta Aragonesista (CHA) y Nafarroa Bai (NB), cuyas enmiendas no han tenido la acogida que esperaban. Paradójicamente, ICV, la formación hermana de IU, con la que comparte grupo, no tiene la misma percepción y dio apoyó la LOE.

Durante la sesión, los partidos que han apuntalado la ley se deshicieron en parabienes al compararla con la LOCE, aunque tampoco evitaron señalar aquello que no les gusta y que, en el recorrido parlamentario que le resta aspiran a cambiar.

Carme García, de ICV, valoró en su intervención el compromiso financiero que figura en la ley y que "en 10 años permitirá la equiparación (de la inversión pública en educación) con Europa". Precisamente ayer, la memoria que acompaña a la LOE creció de los 6.031 millones iniciales a 7.033, de acuerdo con actualización que se ha hecho en base a las enmiendas a los presupuestos generales del 2006.

LA POSTURA DE LA IGLESIA El Comité Ejecutivo de la Conferencia Episcopal Española expresó ayer, por su parte, su preocupación por las "carencias" que, a su juicio, contiene la LOE, a pesar de las enmiendas introducidas, y reclamaron un pacto de Estado en la tramitación en el Senado.

En una nota, afirmaron que "todavía es posible mejorar una ley que suscita gran interés y preocupación en todos los sectores sociales". Y añadieron: "Aún no debería excluirse la posibilidad de alcanzar el exigible gran pacto de Estado que, por desgracia, no se ha dado hasta el momento". También sostienen que la LOE tiene una concepción "estatalista de la educación como servicio público".