Las devoluciones a Marruecos de quienes salten las vallas de Ceuta y Melilla con «violencia» seguirán, porque no se pueden tolerar actuaciones que atenten «contra nuestro país y sus fuerzas y cuerpos de seguridad». Así de claro dejó ayer el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, durante su comparecencia parlamentaria para dar explicaciones sobre la entrega a Marruecos la pasada semana de 116 personas que saltaron la valla de Ceuta.
¿Es compatible acoger a inmigrantes como los del Aquarius y devolver sin miramientos a un país como Marruecos a todos los recién llegados a Ceuta? Para el resto de partidos se trata de un bandazo o una rectificación en toda la regla pero para el ministro es perfectamente compatible, porque «humanidad no es igual a permisividad».
Los asaltantes del pasado 22 de agosto utilizaron piedras, productos químicos o excrementos contra la Guardia Civil y cizallas y mazas para romper la valla. Ante estos hechos el Gobierno decidió lanzar «un mensaje claro» a las mafias que organizan estas entradas masivas y proporcionan el material agresivo a los subsaharianos. «La inmigración ordenada, segura y legal es posible y deseable, pero no la ilegal y la violenta», advertió el ministro.
No solo no le parecen contradictorias las actuaciones a Grande-Marlaska sino que son dignas de elogio al forjar «por vez primera en muchos años una política migratoria sin precedentes basada en dos ejes: respeto de los derechos humanos y firmeza en el cumplimiento de los compromisos como Estado soberano y con la Unión Europea».
El hecho de que ningúno de los subsaharianos se acogiera al derecho a pedir a asilo tampoco le parece indicio de vulneración de ningún derecho. Frente a las protestas de los abogados de oficio de Ceuta que les atendieron y a las oenegés, el ministro detalló como conforme iban llegando a las instalaciones del CETI de Ceuta, los funcionarios afiliaron a los inmigrantes con ayuda de «tres intérpretes» y «12 abogados» del colegio de letrados de la ciudad autónoma.
Luego, en apenas 21 horas se les abrió «expedientes individuales» y, en aplicación del acuerdo bilateral con Marruecos, fueron devueltos. Todos salvo dos personas que afirmaron ser menores de edad y un adulto que sufría heridas y se encontraba en el hospital.
