El Gobierno lleva desde febrero intentando acabar con el monopolio que convierte en imprescindibles a los 2.200 controladores aéreos que durante años han recurrido al chantaje para mantener sus privilegios. El escaso éxito del Ejecutivo ha quedado patente con el plantón sin precedentes de los técnicos durante el viernes pasado y ha obligado al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero a diseñar una hoja de ruta exprés, que incluye acelerar las reformas previstas y abrir nuevos frentes para que un motín de estas características no vuelva a repetirse.

El estado de alarma decretado el sábado, que somete a los técnicos aéreos a la disciplina militar, concede una tregua de 15 días al Gobierno (le quedan 11) para impulsar dos medidas principales cuyo objetivo es quitar poder a los controladores.

SUELDOS MUCHO MENORES La primera será convocar a concurso público la liberalización de las torres, para que empresas privadas puedan optar a la gestión de ciertos centros y contratar al personal que estimen oportuno, unos trabajadores que cobrarían (según la experiencia en otros países) entre 50.000 y 70.000 euros, cuatro veces menos que los controladores españoles.

El real decreto aprobado en febrero, el primero que rebajaba el sueldo y los privilegios de los técnicos, ya preveía la liberalización del servicio. Ahora se trata de acelerar esta opción, una vez que el Gobierno ha anunciado también la privatización del 49% de AENA. Según cálculos del gestor público, una veintena de aeródromos pequeños y medianos, del total de 47 que hay en España, podrían acogerse a este modelo. Varias empresas con negocios aeroportuarios, como Indra y Ferrovial, aparecen en las quinielas junto a la alemana DFS, la italiana ENAV y la irlandesa IAA (las tres públicas).

La segunda herramienta de la que dispone el Gobierno es obligar "por ley" a los controladores, como dijo ayer el ministro de Fomento, José Blanco, a que completen la formación de los nuevos técnicos. Además de la formación académica, para poder gestionar el tráfico aéreo es necesario que el veterano "habilite" al nuevo sobre las características del espacio aéreo en cuestión.

Hasta este año, los controladores disponían de poder de veto sobre las nuevos fichajes, lo que ha provocado que, según Fomento, el 80% de los técnicos sean familiares o amigos, lo que explica que actúen cohesionados. Antes del verano se implantó un nuevo modelo de formación que ya ha aprobado a medio centenar de personas, algunas de ellas ya están operando.

El giro de tuerca legal que anunció Blanco evitará, por ejemplo, lo que ocurrió estos últimos días en Santiago de Compostela, donde se cerró el espacio aéreo porque los inspectores argumentaban que ya habían cumplido el máximo de horas anuales (1.670). AENA envió a 10 inspectores para cubrir las bajas, pero los controladores se negaron a "habilitarles", por lo que no pudieron hacer su trabajo. Zapatero no descartó pedir la prórroga del estado de alarma, cuando sepa la opinión de los grupos en el debate que se celebrará el jueves en el Congreso.

EL CASTIGO Otro de los frentes pasa por castigar a los dirigentes del motín. El Ejecutivo cree que los técnicos habían acumulado muchos permisos para llegar cuanto antes al máximo de horas. De ahí las prisas en publicar, el viernes, la norma que clarifica qué computa como hora trabajada, lo que encendió a los técnicos. Su sindicato (USCA) defiende que fue una reacción espontánea pero Fomento cree que ellos lo organizaron todo. "La medida salvaje fue tomada por 500 de los 1.400 controladores. La mayoría siguió indicaciones de la cúpula", dijo Blanco.