La Audiencia Nacional ha dispuesto un despliegue sin precedentes para tramitar los procesos de extradición de los ciudadanos chinos que pasarán por sus juzgados tras la macrooperación policial contra estafadores de esa nacionalidad que, de momento, registra 238 arrestados. Según fuentes de la Audiencia, 30 de los detenidos pasarán a disposición de un juzgado de Alicante, pero otros 210 han pasado o van a pasar por la Audiencia al pesar sobre ellos órdenes de detención y extradición dictadas desde China.

Una situación «sin precedentes» a cargo del juez de Instrucción número 5, José de la Mata, quien no obstante tendrá apoyo por parte de sus compañeros. El presidente de la institución, José Ramón Navarro, ha dictado un auto en el que habilita a los magistrados Santiago Pedraz, Carmen Lamela y Alejandro Abascal como jueces de apoyo para tramitar las extradiciones.

Pero los refuerzos también han llegado a la Fiscalía, que ha dispuesto a cuatro fiscales para este caso; y a la Abogacía, pues el Colegio de Abogados ha enviado «decenas» de letrados para atender a los detenidos. También se han movilizado seis intérpretes para un trabajo que se esperaba finalizar anoche y que pasaba por preguntar a los arrestados si aceptan o no ser extraditados.

Habrán sido 24 horas de trabajo, según las fuentes consultadas, que avanzan que en el Juzgado de Instrucción Central número 5 algunos funcionarios trabajaron durante toda la pasada noche. Son algunas de las consecuencias de la operación Wall (muro, en inglés), la más importante desarrollada entre la Policía española y la china. Se ha desmantelado una organización que, desde una veintena de chalets de lujo en las provincias de Alicante, Barcelona y, sobre todo, Madrid, cometían una simple pero suculenta estafa telefónica a sus compatriotas.

Suicidio de un joven / La red criminal llegó a embolsarse 16 millones de euros a través de timos telefónicos a compatriotas con pocos recursos que residían en China. Les hacían creer que estaban siendo investigados por las autoridades de su país y les convencían para ingresar una cantidad de dinero en una supuesta cuenta bancaria del Gobierno de aquel país pero que, en realidad, estaba gestionada por la red desde paraísos fiscales. La estafa condujo al suicidio de un joven que dio a la trama el dinero que tenía para pagar sus estudios.

En el engaño han caído miles de ciudadanos chinos. Los estafadores participaban en el delito de forma voluntaria y, de hecho, se trasladaban a España para ello. La macrooperación ha culminado con la desarticulación de la trama española de un poderoso sindicato del crimen con sus cabecillas distribuidos por Asia. El dispositivo ha contado con más de 600 agentes en España y el apoyo de otras 60 agentes llegados expresamente desde China.