González Pons niega que Fabra le pidiera favorecer a Naranjax

Así se ha manifestado González Pons en su declaración como testigo en el juicio que se sigue contra Fabra por tráfico de influencias, cohecho y delitos contra la Hacienda pública en la Audiencia de Castellón. El entonces senador y actual diputado por Valencia ha declarado por videoconferencia desde el Congreso de los Diputados. "Era una persona muy importante en el PP y no necesitaba dirigirse a mí, porque podía hablar directamente con los ministerios. (...) Tenía acceso directo a los ministerios que eran en última instancia los que decidían sobre las enmiendas", ha añadido.

Asimismo, González Pons ha dicho que "tampoco habría sido nada raro" que Fabra se hubiera interesado por algún producto porque "cada vez que se tramita una ley, presidentes provinciales o autonómicos, empresarios o particulares hacen sus gestiones para intentar intervenir en favor de las empresas de sus regiones", aunque "no lo hizo" ante él.

En la sexta sesión del juicio también ha declarado (igualmente por videoconferencia) el entonces secretario de Estado de Hacienda, Juan Costa, quien ha afirmado que asistió a una reunión en julio de 1999 con el entonces ministro de Agricultura, Jesús Posada, y Carlos Fabra, pero no ha podido precisar si en el encuentro había más personas. Según Costa, la reunión fue para tratar sobre el Punto de Inspección Fronteriza que se pretendía instalar en el Puerto de Castellón, y no recuerda si se habló de fitosanitarios, pero, en cualquier caso, ha asegurado que Fabra no se dirigió a él para interesarse por Naranjax.

Ingresos sin explicación

Un exinspector de la Agencia Tributaria, por su parte, ha asegurado ante el tribunal que juzga a Fabra que el expresidente de la Diputación de Castellón no aportó "con carácter general" una explicación "razonable" de los "múltiples" ingresos en efectivo en sus cuentas, tras investigarse por la vía administrativa el ejercicio fiscal correspondiente a 1999, en el que se hallaron indicios de delito, por lo que, según ha dicho, en el 2005 se decidió remitir las actuaciones al ministerio fiscal.

El exinspector, testigo propuesto por su defensa, ha indicado que la Agencia Tributaria llevó a cabo inspecciones tanto a Fabra como a su exmujer, Amparo Fernández, de los ejercicios fiscales de 1999, 2000, 2001 y 2002 a raíz de remitirse en enero del 2004 desde la Inspección de la Agencia Tributaria de Tarragona información "relevante", en la que se ponía de manifiesto a este órgano en Valencia "hechos sobre una sociedad que se dedicaba a la fabricación de productos plaguicidas y que había adquirido fitosanitarios a Naranjax".

Según ha explicado, la operación "conllevaba emitir informes técnicos, emitidos por tres sociedades de la Comunitat, que habrían recibido 90 millones de pesetas". "Se decía que había falsedad en las operaciones, ya que las empresas eran carentes de actividad y no se dedicaban a esta asunto -comercio al por menor, albañilería y transporte terrestre-". Así, ha destacado que debido a "posibles facturas falsas", desde la Agencia Tributaria de Valencia se inició una investigación interna en el 2004 que dio lugar a un informe en el que se proponía inspeccionar a 20 sociedades y personas físicas.

"Muchas dificultades"

Además, según ha señalado, en el resto de ejercicios fiscales solo se incoaron actas y expedientes sancionadores. El testigo ha asegurado que la Agencia Tributaria no tuvo "nunca" conocimiento de que paralelamente se estuviera llevando a cabo una investigación penal por los mismos conceptos impositivos, "pues hubiéramos suspendido la actuación administrativa", ha dicho.

Asimismo, ha destacado que durante la inspección por vía administrativa hubo "muchas dificultades", pues no hubo colaboración por parte del interesado. También ha manifestado que hubo pruebas que no pudieron obtenerse y que había cuentas bancarias de cuyos movimientos no se puedo disponer, por lo que considera posible que por la vía penal pudiera llegarse a un resultado diferente.