El pasado viernes, técnicos de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) inspeccionaron un coche de Google Street View. La agencia, al igual que los organismos del mismo tipo en otros países de Europa, había enviado días antes un requerimiento a la compañía estadounidense en el que pedía explicaciones porque dichos vehículos, que toman fotografías a pie de calle de ciudades españolas para después colgarlas en Google Maps, no se habían limitado a la captación de imágenes.

También, y esto lo reconoce la propia empresa, captaron información de carácter personal, extraída de las redes inalámbricas no protegidas con código de acceso de las viviendas por las que pasaban sus automóviles. Los técnicos de la AEPD examinaron el coche corporativo y lo que vieron, aseguran, no era lo que esperaban ver: allí no estaban las herramientas que habían permitido a Google hacerse con todos esos datos privados. Al vehículo le faltaba algo. "Y no precisamente gasolina", dicen fuentes de la AEPD.

CUESTIONARIO El requerimiento, más allá de la auditoría del automóvil, constaba de un cuestionario en el que se preguntaba a Google sobre dicha captación de información y se le pedía que hiciera llegar a la agencia los datos obtenidos. El gigante tecnológico contestó en tiempo --disponía un plazo de 10 días-- y en forma, pero tampoco satisfizo a la AEPD. No había ni rastro de la información personal solicitada, que es toda aquella que los usuarios de las redes inalámbricas no protegidas por un código de acceso enviaron mientras el coche de Street View circulaba por delante de los portales de sus casas. Google explicaba en su respuesta que le haría llegar los datos en el futuro. Sin ofrecer mayores concreciones.

EL TIRON DE OREJAS "Google habla de colaboración, pero de momento no resulta satisfactoria", dijo ayer el director de la AEPD, Artemi Rallo, quien la semana pasada, un día antes de que los técnicos de su organismo abriesen las puertas del coche de Street View, tiró de las orejas al director europeo de políticas públicas de Google, Scott Rubin. Durante una mesa redonda celebrada en Madrid, Rallo le dijo a Rubin que las grandes empresas de internet, y citó a la que domina de forma abrumadora el negocio de las búsquedas, no colocaban el respeto a la privacidad entre sus prioridades.

"Tendemos la mano a las agencias de protección de datos en todos los países. Trabajamos con ellas para atender las preguntas que tienen. No consideramos apropiado airear esas conversaciones", afirmó ayer a este diario, desde EEUU, un portavoz de la empresa, en una respuesta dirigida expresamente a la situación española, pero que sirve también para los casos en Bélgica, Gran Bretaña, la República Checa, Francia, Alemania, Italia, Suiza y Canadá, el último país que se ha sumado --lo hizo el martes pasado-- a los que intentan averiguar, a través de una investigación, qué datos ha conseguido Google con sus coches de Street View, para qué los ha utilizado y si esta maniobra de captación informativa, como asegura la compañía, solo obedece a un "error". Ya son nueve.