La Policial Nacional culminó ayer una importante operación en la que ha logrado detener a 27 hombres a los que acusa de distribuir en España pornografía infantil a través de Internet. Dos han sido detenidos en Barcelona, otro en Rubí y el resto en otras nueve comunidades. La mayoría de arrestados habían pasado ya ayer a disposición judicial y alguno incluso había quedado en libertad con cargos.

Fuentes de la investigación explicaron que buena parte de los detenidos son "personas con una vida social normal, empresarios y profesionales sin antecedentes por estos delitos". Incluso dos de los detenidos son padre e hijo, ambos mayores edad. El arrestado en Rubí responde a las iniciales de Jaime P. A., de 37 años, y los dos de Barcelona, a las de Ramon R. C., de 20 años, y Enrique A. F., de 40.

IMAGENES IMPORTADAS Los vídeos y fotografías que distribuían contienen algunas escenas "espeluznantes" de sexo incluso con niños de 5 y 6 años, según uno de los investigadores que ha tenido acceso a las mismas. El tráfico de las imágenes se llevaba a cabo a través de chats y foros especializados en castellano. Los distribuidores aprovechaban la posibilidad de establecer comunicaciones directas entre los participantes del chat para intercambiar el material de modo privado.

Entre los detenidos no hay ningún acusado de producir las imágenes, porque todas habían sido adquiridas por los distribuidores españoles en Tailandia, Hong Kong, Alemania, Suecia y Estados Unidos también a través de chats de internet en inglés. Los arrestados no cobraban nada a los consumidores últimos, según los investigadores.

La operación, denominada Troya, ha sido llevada a cabo por la Brigada de Investigación Tecnológica de la Policía Judicial, que empezó a detectar las actividades en los múltiples rastreos e investigaciones que llevan a cabo habitualmente introduciéndose en las zonas oscuras de internet. Las actuaciones han sido dirigidas por el Juzgado número 20 de Madrid, que ha ordenado los 30 registros en los que se han localizado 6.388 archivos con imágenes incautados en la operación.

A los arrestados les pueden caer penas de entre seis meses y tres años de cárcel, que son las establecidas para "la distribución, producción, venta, exhibición de material pornográfico" en cuya "elaboración hayan sido utilizados menores de edad". Si las penas son finalmente inferiores a dos años, no llegarán a ingresar en la cárcel. La última reforma del Código Penal prevé penas para los consumidores finales pero no entrará en vigor hasta el 1 de octubre del próximo año.