Activistas de Greenpeace han desplegado esta mañana una pancarta junto al Congreso de los Diputados con el lema "No más dinero público a empresas contaminantes" para denunciar que el Gobierno "siga apoyando los combustibles fósiles".
La protesta de la organización ecologista se lleva a cabo el día en que el Consejo de Ministros tiene previsto aprobar el plan de rescate al motor, que contempla una inversión cercana a los 4.000 millones de euros para incentivar la venta de automóviles, incluidos los de combustión.
Para denunciar esta medida, escaladores de Greenpeace se han subido a una grúa en la Plaza de Neptuno de Madrid y han desplegado la pancarta, de más de 200 metros cuadrados y 50 metros de altura, para alertar de que el plan de ayudas del Gobierno "además de ir contra la transición ecológica, podría condenar a la obsolescencia a un sector que supone el 10% del PIB nacional".
Además, Greenpeace critica que el Ejecutivo "ha puesto a disposición de las aerolíneas más de mil millones de euros en avales públicos, a los que se suma el paquete de ayudas directas de 1.050 millones de euros para la automoción que se aprueba hoy".
Para Adrián Fernández, portavoz de Greenpeace, “la llamada ‘neutralidad tecnológica’ es un eufemismo para justificar las ayudas a vehículos contaminantes”, a la vez que ha recordado que países como Alemania o Francia concentran sus subvenciones en el desarrollo de coches eléctricos, mientras España "perpetúa nuestra dependencia de los combustibles fósiles".
Según la organización ecologista, el Gobierno "ha disfrazado como 'verde' la ayuda multimillonaria" de 4.000 millones de euros para incentivar la venta de automóviles, y además denuncian que este plan se haya diseñado "al dictado del lobby de la automoción, sin tener en cuenta las repercusiones que tendrá en las emisiones de gases de efecto invernadero.
"Sólo apoyando una flota cero emisiones se podrá garantizar la viabilidad laboral y ambiental de la automoción", afirma Greenpeace, que valora positivamente que se empiecen a vincular las ayudas con la renta de los compradores o que la Dirección General de Tráfico (DGT) acceda a revisar los criterios para el distintivo ambiental.
