Greenpeace ha cuestionado la fiabilidad de las revisiones realizadas a las personas potencialmente afectadas por el escape de la central de Ascó (Tarragona), que evidencian, a su juicio, la voluntad del Consejo de Seguridad Nuclear de "dar carpetazo" al accidente sin investigar en profundidad.

La organización ecologista ha denunciado hoy, en conferencia de prensa, que las mediciones de contaminación radiactiva en personas, entre ellas escolares, se han efectuado tarde, ya que se llevaron a cabo en abril, cuando la fuga tuvo lugar en noviembre, y además se desconoce si se han utilizado los medios y la metodología adecuada.

Las dudas de Greenpeace sobre cómo ha gestionado el CSN todo lo relativo a la fuga del pasado 29 de noviembre se fundamentan en la falta de información tanto sobre en qué consistió exactamente el accidente como sobre la metodología seguida para supervisar los posibles efectos en las personas, según han señalado su portavoz, Carlos Bravo.

El investigador del Instituto de Investigaciones Biomédicas del CSIC en Barcelona Eduard Rodríguez-Farré, que ha acompañado a los portavoces de Greenpeace, ha recomendado que se realicen nuevos estudios más fidedignos y que se incluya en las revisiones a los habitantes de Ascó. "No sabemos qué criterio ha utilizado el CSN para decidir quién debe pasar la revisión y quién no, y tampoco sabemos si se ha utilizado como referencia para evaluar la contaminación el índice permitido para trabajadores, que es mucho más alto", ha asegurado este experto en los efectos en la salud de la radiactividad.

Rodríguez-Farré ha advertido además que las partículas de cobalto 60, el contaminante que se difuminó desde la central, tardan pocos días en ser eliminadas por el cuerpo humano, aunque sus efectos persisten, por lo que una máquina calibrada incorrectamente no lo detectaría. En este sentido, ha insistido también en que la radiactividad no desaparece porque la persona contaminada haya eliminado una parte de la sustancia ya que, una vez excretado, por ejemplo, se mantiene en el ambiente y seguirá irradiando.

Este experto ha apuntado que existe el riesgo también de una exposición doble, la irradiación directa y la que incorporamos a través de la ingesta de alimentos o de agua contaminada. Ante esta situación, el investigador ha pedido un inventario de las partículas radiactivas que se han detectado y que se realice un seguimiento epidemiológico en el futuro de las personas expuestas a ellas.

Respecto al método para detectar la radiactividad, ha alertado sobre las limitaciones de la cámara de cuerpo entero que se utiliza para los trabajadores de las centrales si éstas no son calibradas de nuevo para detectar dosis menores.

Greenpeace ha cuestionado la explicación oficial sobre el accidente de noviembre, que atribuye la fuga a una operación incorrecta que llevó a que se volcara un bidón con agua radiactiva, y que consideran que "no tiene ninguna lógica".

Ha criticado la actitud del CSN ante una de las fugas radiactivas más importantes que se ha producido en España y Europa ya que, a su juicio, ha optado por "ocultar" información, como la relativa a la magnitud de la fuga o el tamaño de las partículas de cobalto 60 halladas en el exterior de la planta, por "no investigar" en profundidad. La organización ecologista ha puesto también en cuestión que se organicen visitas de escolares a las centrales nucleares por el riesgo que ello implica.

Por otra parte, Greenpeace ha denunciado la falta de reacción del gobierno de la Generalitat, "que va a remolque del CSN", y ha desvelado que el presidente, José Montilla, admitió que se había enterado del suceso de Ascó a través de la organización ecologista.