Greenpeace ha exigido hoy la retirada inmediata de la propuesta de real decreto sobre autoconsumo eléctrico, después de que la Comisión Nacional de Energía aceptara las alegaciones de la organización ecologista frente "al lobby de las eléctricas".
En una nota, Greenpeace celebra que la Comisión Nacional de Energía (CNE) y la mayoría del Consejo Consultivo de Electricidad hayan recogido sus argumentos, con lo que la propuesta de Industria queda "totalmente desautorizada" y el ministro José Manuel Soria "no tiene otra salida" que retirarla y presentar otra diferente.
Ayer, las empresas eléctricas agrupadas en Unesa defendieron la necesidad de que quienes opten por el autoconsumo paguen el llamado "peaje de respaldo", una carga económica propuesta por el Gobierno para que los consumidores que elijan este modelo también contribuyan a los costes del sistema.
Y rechazó la propuesta de la CNE, incluida en su informe sobre la propuesta normativa del Gobierno, de que se retiren estos peajes por ser "discriminatorios".
Según Julio Barea, responsable de la campaña Energía de Greenpeace, las eléctricas han identificado el autoconsumo como una amenaza para sus intereses oligopolísticos, pero en realidad "es una herramienta de ahorro que ayudará a los ciudadanos a hacer frente a la crisis e impulsará un nuevo desarrollo" para el país.
"Es muy grave que el Gobierno se preste a servir solo a los intereses particulares de algunas empresas en perjuicio del interés general. El decreto presentado por el Gobierno tiene que ir directamente a la papelera", añade en el comunicado enviado hoy.
El pasado mes de julio Greenpeace envió a la Comisión Nacional de Energía (CNE) comentarios al real decreto sobre autoconsumo propuesto por el Gobierno en el marco de su reforma energética.
La organización ecologista manifestó entonces la necesidad de realizar una profunda modificación del texto al ser discriminatorio para el usuario e ir en contra del ahorro y la eficiencia.
Greenpeace advertía, además, de "la inaudita coincidencia en los términos y resoluciones del Real Decreto con las premisas y argumentos de las empresas de UNESA. Entre los puntos más conflictivos estaba la creación del llamado 'peaje de respaldo', término acuñado e insistentemente defendido por Iberdrola".
Greenpeace considera "fuera de toda lógica este cobro pues solo se debería pagar por la energía consumida procedente de la red. A esto se suma que el autoproductor tampoco cobraría por la energía que vierta a la red, como sí hace cualquier central térmica o nuclear".
En el apartado de sanciones, el supuesto de no inscribirse en el registro creado a tal efecto conllevaría a incurrir en una falta "muy grave", tipificada en otro anteproyecto de ley con una sanción cuyo límite máximo podría ascender hasta los 60 millones de euros.
