Un avión MD-82 de Spanair con 172 personas a bordo se acaba de estrellar en el arroyo de la Vega. El aparato se ha roto en mil pedazos. Los bomberos de Barajas llegan al lugar, sofocan las llamas mientras aparecen las primeras ambulancias y trabajadores del aeropuerto. Personal de emergencias, sanitarios, policías, voluntarios... Mientras unos rescatan heridos y otros trasladan cadáveres hay quienes graban las escenas con sus móviles y cámaras domésticas.

El magistrado Juan Javier Pérez, titular del juzgado número 11 de Madrid, de guardia ese día, ordenó al llegar a la zona cero que nadie salvo la policía científica podía grabar o hacer fotos. Pese a la rotunda prohibición, los guardias civiles se incautaron ese día de 18 artilugios --casi todos telefónos móviles-- que permanecen en poder del juez.

¿Quiénes eran esas 18 personas a las que pillaron grabando a escondidas? Solo podían ser algunos del medio millar de personas que ese día accedieron a una zona que sigue restringida a los medios de comunicación. Y en ese grupo, además de los voluntarios de Spanair, solo estaba el personal de emergencias y el policial. La guardia civil les entregó a cada uno de ellos un certificado conforme se les había incautado la cámara o el móvil y la advertencia de que ya les llamarían del juzgado.

DELITO CONTRA EL HONOR En estos momentos el tema no es prioritario para el juez, pero algunos de los que estuvieron ese día en la zona aseguran que el magistrado se indignó ante un espectáculo que calificó de "bochornoso". El juez podría acusar a quienes grabaron imágenes de un delito contra el honor.

Desde que los móviles se valoran más por su capacidad para fotografiar y grabar que por sus atribuciones como teléfonos, los responsables de los servicios de emergencia reconocen que les cuesta controlar a algunos de sus empleados. Ese día, los responsables tanto del Samur (emergencias de la ciudad de Madrid) como los del Summa (emergencias de la comunidad de Madrid) pidieron a sus trabajadores que se abstuvieran de grabar con los móviles. Es más, algunos afirmaron ayer que si confirman que alguna de esas 18 personas es del servicio, será expedientada e, incluso, podría ser despedida.

La contundencia del juez hizo que incluso se prohibiera grabar a los portavoces acreditados del Samur y Summa. Son imágenes oficiales que, en algunos casos, se distribuyen después a los medios de comunicación.

El responsable de los Bomberos de la ciudad pidió permiso para obtener imágenes para uso interno y se le denegó.

POR 2.000 EUROS En cualquier caso, a esas 18 personas las pillaron grabando, pero hubo otras que lo hicieron y pasaron desapercibidas. ¿Con qué fin graban? El día después del accidente, el responsable de un semanario recibía la llamada de un joven ofreciendo un paquete de 20 fotografías tomadas en el arroyo de la Vega. No era un profesional. No sabía cuánto dinero debía pedir. Y no cobró ni 2.000 euros.

Mucho menos de lo que pueden haber recibido los que vendieron las imágenes que esta semana se han visto en algunas televisiones, fotografías que no están incluidas ni en el sumario judicial.

Dado que ni un solo medio de comunicación ha conseguido todavía acercarse hasta el lugar del accidente por las restricciones de la Guardia Civil, tanto las televisiones como los medios escritos se han visto obligados a ilustrar sus informaciones con las imágenes que estos días ofrecen los que consiguieron grabar a escondidas el trágico siniestro que costó la vida a 154 personas.