España dispone de unos 1.880 intérpretes en lengua de signos distribuidos por todas las autonomías. Este número, claramente insuficiente según el colectivo de discapacitados auditivos, incluye los intérpretes acreditados por la Confederación Nacional de Sordos (CNSE) y a alumnos que han finalizado el ciclo formativo. Mientras, la secretaria de Bienestar Social del PSOE, Matilde Valentín de "paso de gigante", ya que las medidas aprobadas suponen "mejoras sustanciales" en la vida diaria de este colectivo.
El Gobierno calcula que formar un intérprete cuesta unos 14.000 euros. De momento, según un escrito enviado al Congreso, el Ejecutivo desconoce la demanda de intérpretes que suscitará la entrada en vigor de la ley y, por tanto, también su coste global.
