El hijo del primer trabajador de Metro Madrid que falleció a causa de un cáncer provocada por la exposición prolongada ante el amianto, Antonio Morán, ha presentado una demanda contra la compañía para exigir indemnización por daños y perjuicios.

Fuentes sindicales han explicado que la demanda se basa en el baremo de accidentes de tráfico para solicitar una indemnización y que el 11 de junio se ha fijado un acto de intento de conciliación en un Juzgado de lo Social.

Se trata de la segunda demanda contra el suburbano después de la presentada por la familia de Julián Martín, el primer caso de enfermedad reconocida por amianto, y que derivó una condena a la compañía de 370.000 euros.

OTROS AFECTADOS

En consecuencia, allegados de los dos empleados fallecidos a causa de asbestosis el año pasado ya han demandado a la compañía tras haberles detectado enfermedad profesional por exposición a este material, potencialmente cancerígeno.

Al respecto, el presidente en funciones de la Comunidad de Madrid, Pedro Rollán, manifestó que la intención de Metro es indemnizar con esa cuantía de 370.000 euros a las familias de los fallecidos por amianto.

En este sentido, CCOO ha recordado que existen cuatro empleados de mantenimiento con enfermedad reconocida, incluido los dos fallecidos, junto a un maquinista jubilado al que también la Seguridad Social ha reconocido esta condición.

A ello, añade otros tres casos de trabajadores que "muy posiblemente" también estén afectados por exposición al amianto, dos de ellos ya fallecidos y uno con una intervención quirúrgica grave. Se está a la espera de que la Seguridad Social se pronuncien sobre las solicitudes para que se reconozca su enfermedad profesional.

MEJORAS PARA LA SALUD DE LOS TRABAJADORES

El sindicato ve "imprescindible" reforzar el sistema de vigilancia de la salud y crear un fichero sanitario oficial para controlar los casos de empleados que dejan la empresa y que pueden desarrollar una dolencia vinculada con asbesto, pues pasa mucho tiempo hasta que surgen los síntomas.

Por otro lado, la sección sindical de CCOO en Metro espera que la Dirección de Empleo de la Comunidad de Madrid ejerza su competencia para que se cumplan las cuatro actas de infracción con sanciones económicas emitidas por la Inspección de Trabajo contra la compañía en relación con el amianto y la vigilancia de la salud de los trabajadores.

Además, está pendiente de que la Fiscalía decida si se abre causa penal por esta "grave situación de negligencia" de los responsables de Metro "en los años que ninguno hizo nada por la salud de los trabajadores ante esta exposición, incluso ocultando que existía mucho amianto en las instalaciones y trenes de Metro de Madrid".

A su vez, CCOO explica que desde el Comité de Seguridad y Salud se ha solicitado a Recursos Humanos como primera acción que "paralice el ofrecimiento voluntario" a la vigilancia de la salud de cualquier tipo, que en la actualidad está ofreciendo a los trabajadores de Metro. En su opinión "es necesaria una ordenación funcional de los reconocimientos médicos a realizar".

VIGILANCIA DE LA SALUD

"De todos estos incumplimientos constatados por la Inspección de Trabajo, CCOO hace responsable a su máximo representante, el consejero delegado de Metro de Madrid, así como a todos los anteriores responsables que en muchos años no hicieron absolutamente nada para evitar esta situación. Solo hay un camino que exigirles y es el que marca la ley, el mismo que le ha marcado la Inspección de Trabajo. Reconocer que los trabajadores han estado expuestos al amianto e incluirlos en la vigilancia de la salud, con unas pruebas fiables en el tiempo como se realizan en la Seguridad Social", ha apostillado el sindicato.

Para ello, asegura que los requisitos de personal y aparataje considerados necesarios para realizar los reconocimientos son un neumólogo, un radiólogo y personal de enfermería y auxiliar. Aparataje, con espirómetro homologado. Tamién recuerda que es necesario un parato radiológico y otro para realizar Tomografía Axial Computarizada (TACAR).

"La Dirección de Metro de Madrid está obligada a resarcir el daño que ya ha hecho con su negligencia, sobre todo a los trabajadores que tienen reconocida la enfermedad profesional, así como a los compañeros afectados y a los familiares de los fallecidos. Para ello también deben cumplir los acuerdos pactados en convenio, como abonar la póliza del seguro de vida, indignamente suspendida por la Ley de Presupuestos de la Comunidad de Madrid, y que actualmente les impide percibirla", concluye CCOO para asegurar que estas cuestiones no estarían aún pendientes si hubiera habido "voluntad política".