Los colectivos gays reaccionaron con indignación contra lo que consideran una injerencia intolerable. La Fundación Triángulo pidió al Gobierno que eleve una protesta diplomática formal contra el Estado Vaticano, mientras que a los obispos españoles les invitó a presentarse a las elecciones "si quieren decidir lo que votan los parlamentarios".

La Federación Española de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales (FELGT) recordó en un comunicado que con la ley del divorcio ocurrió lo mismo "y todos los funcionarios acabaron tramitando divorcios, y los católicos, divorciándose".

El llamamiento del Vaticano no tiene según esta organización sentido, porque "los funcionarios no pueden oponerse a la celebración de ninguna boda ya que deben cumplir la ley". "Con esta declaración, el Vaticano trata de imponer su doctrina moral al poder político y expresa su falta de respeto por los homosexuales".