Un despacho de abogados barcelonés que asesorará a los hosteleros que hicieron obras en el 2006 para acondicionar sus locales y separar la zona de fumadores, como recogía la anterior ley antitabaco, cree que existe base legal para reclamar a la Administración para que les compensen por las obras.
Los letrados, dirigidos por Fernando Martínez Iglesias, han estudiado diversas fórmulas legales para reclamar que el Gobierno sufrague aquellas reformas que han dejado de tener sentido tras la aplicación de la nueva legislación que prohíbe fumar totalmente desde el pasado 2 de enero, ha informado hoy la Federación Catalana de Locales de Ocio Nocturno (Fecalon).
El bufete Item Legal, con sede en la capital catalana, cuenta con el apoyo de diversos dictámenes de catedráticos en Derecho Administrativo que entienden que existe suficiente base legal para reclamar el importe de las obras que llevaron a cabo los dueños de estos locales o, como mínimo, conseguir que se les compense con beneficios o ventajas fiscales por este perjuicio.
ASESORAMIENTO A TODO EL ESTADO
Los letrados ofrecen su asesoramiento a todos los hosteleros del Estado ya que cuentan con despachos colaboradores repartidos por el territorio y especialmente en Madrid. En opinión del abogado que dirige este despacho, Fernando Martínez Iglesias, la doctrina del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ampara estas reclamaciones que deberán realizarse previamente ante la administración correspondiente y que, en caso de recibir una negativa por respuesta, se resolverán en los tribunales.
El pasado octubre, el Congreso de los Diputados rechazó la reivindicación de CiU, ERC y PP de otorgar ayudas o ventajas fiscales a los dueños de establecimientos que habían efectuado obras para separar la zona de fumadores. Ante esa negativa, el equipo jurídico de Item Legal empezó a trabajar para diseñar una estrategia judicial encaminada a que estos establecimientos reciban una compensación económica por esos gastos que tuvieron que pagar de su propio bolsillo para realizar las obras.
Según considera Martínez Iglesias, la ley establece que podrán "obtener una indemnización por la quiebra de la confianza legítima al haber realizado inversiones en cumplimiento de una norma modificada en un muy corto plazo de tiempo". El director de los servicios jurídicos de este despacho sostiene que existe jurisprudencia del Tribunal Supremo que ya se ha expresado en este sentido.
RECHAZO DE LAS ENMIENDAS
Cuando el PSOE rechazó las enmiendas presentadas a la ley antitabaco por la oposición justificó su postura amparándose en la imposibilidad de saber quiénes habían llevado a cabo las obras y su cuantificación. No obstante, afirman las mismas fuentes, se pueden establecer y demostrar los gastos y los perjuicios causados a los hosteleros que se adecuaron a la normativa entonces vigente.
Según CiU, el número de establecimientos de más de 100 metros cuadrados que llevaron a cabo reformas para adecuar sus instalaciones a la anterior legislación es de más de 3.500. La media de gasto de estos locales fue de 60.000 euros en el caso de los de mayor tamaño y 10.000 euros en los más pequeños, según datos que maneja el sector de la hostelería.
En opinión de los abogados de Item Legal, "no ha habido suficiente tiempo para que se haya amortizado este dinero desde que se llevaron a cabo las obras hasta la entrada en vigor de la nueva legislación sobre el tabaco". Es por ello, que los letrados consideran que estos establecimientos se encuentran en una situación de "inseguridad jurídica".
