El presidente de la Junta de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, considera "excesiva" la petición del responsable de asuntos de familia del Vaticano, el cardenal Alfonso López Trujillo, al pedir a jueces, alcaldes y concejales católicos que ejerzan la objeción de conciencia y se nieguen a casar a los homosexuales, una vez entre en vigor el proyecto de ley aprobado en el Congreso de los Diputados.
"Me duele un poco el pronunciamiento del cardenal del Vaticano", afirmó hoy Ibarra, en declaraciones a los medios coincidiendo con su asistencia en Trujillo al pleno del Consejo de Comunidades Extremeñas.
El jefe del ejecutivo regional comparó así que el Vaticano ahora pida objeción de conciencia para los matrimonios homosexuales, pero en el caso de la guerra de Irak, el Vaticano condenó esa guerra pero "no pidió objeción de conciencia para que ningún soldado fuera a esa guerra tremenda y basada en una mentira".
"Entonces --añadió-- me hubiese gustado que el Vaticano hubiera pedido objeción de conciencia para ir a una guerra injusta donde se mata seres inocentes".
Por eso valoró como "excesivo" que se considere "más importante para el Vaticano, el que la gente se case libremente según su opción sexual que el que la gente mate a niños, a mujeres a ancianos".
El presidente extremeño reconoció por tanto "no comprender" esa posición ahora del Vaticano "con todos los respetos para todas las posiciones y con el mayor de los respetos para el Vaticano", dijo, ya que consideró que es "más grave matar a niños, a mujeres y a inocentes a que se casen homosexuales".
Por su parte, el ministro de Trabajo, Jesús Caldera, advirtió ayer, en Carballo (La Coruña), de que la opinión del Vaticano sobre los matrimonios entre homosexuales "no debe convertirse en un obstáculo para la mayoría de los ciudadanos" y se mostró convencido de que los funcionarios "van a garantizar ese derecho".
Caldera puntualizó que las afirmaciones realizadas por el Papa Benedicto XVI sobre la ley que permite los matrimonios entre personas del mismo sexo es un criterio de "orden moral" y agregó que, por tanto, "no se puede aplicar a quien legisla".
El ministro expresó "un profundo respeto a la opinión de la Iglesia" pero recalcó que "las normas que aprueba el Parlamento también deben ser respetadas".
En este contexto, aseveró que las bodas entre homosexuales son "un derecho reconocido como expresión del ser individual" y, aseguró que, en consecuencia, "se va a garantizar".
