Bajo una creciente presión política y social, la Iglesia católica belga reveló ayer que había recibido en los últimos 10 años un total de 475 denuncias por abusos sexuales de menores a cargo de religiosos, profesores de religión y acompañantes de los movimientos juveniles. Esos delitos se cometieron entre la década de los 30 y este mismo año, aunque la mayoría se concentra en el periodo 1950-1980. El grueso de las vejaciones han prescrito penalmente.
Los abusos se iniciaron en la mayor parte de los casos cuando las víctimas contaban entre 10 y 13 años, aunque hubo episodios en los que no tenían más de 2 años. Las agresiones sexuales condujeron al suicidio a al menos 13 personas y a tentativas de suicidio a un mínimo de 6 más, según detalla el informe elaborado por la comisión eclesial sobre las vejaciones y presentado ayer por su presidente, el psiquiatra infantil Peter Adriaenssens. El informe omite tanto los nombres de las víctimas como los de sus agresores, así como los de las poblaciones e instituciones donde se produjeron los hechos.
LA MAYORIA, VARONES Dos tercios de las víctimas eran varones, y un tercio, mujeres. El informe precisa que la franja en que ellos sufrían más agresiones se situó entre los 10 y los 14 años, mientras que para ellas el riesgo se iba acrecentando con la edad. El 70% de las víctimas de abusos tienen en la actualidad entre 40 y 70 años, pero hay una de menos de 20 años y 20 de menos de 40 años.
La gran mayoría de los abusos sexuales se produjeron en el seno de la religiosa comunidad flamenca, en la que el poder social y la autoridad de la Iglesia es mucho mayor.
La comisión logró identificar a 184 de los autores de esos abusos, mientras que de los 320 restantes no dispone de suficiente información a partir de los datos facilitados por las víctimas.
De los agresores identificados, 91 siguen vivos. El informe constata que "ninguna congregación o institución religiosa escapa a que uno o varios de sus miembros haya cometido abusos sexuales de menores". "Todas las escuelas con internados han tenido casos de abusos", subrayó Adriaenssens.
El informe denuncia, asimismo, que siga sin existir ningún mecanismo de ayuda o indemnización. El texto señala que "la Iglesia debería prever castigos más importantes para los autores que no se presentan voluntariamente a confesar esos delitos y que solo lo hacen cuando son citados por la víctima".
