La Conferencia Episcopal Española (CEE) entonó ayer su particular todos católicos o no contra el Gobierno por la asignatura Educación para la Ciudadanía. El mensaje no es nuevo, pues los obispos llevan meses proclamando su aversión a una materia que se propone aleccionar al alumnado en la igualdad entre hombres y mujeres, el rechazo de la violencia de todo tipo y el conocimiento del sistema democrático, pero en la declaración de ayer la CEE elevó su tono habitual. "La gravedad de la situación no permite posturas pasivas ni acomodaticias", afirma el texto. "Se puede recurrir a todos los medios legítimos para defender la libertad de conciencia y de enseñanza, que es lo que está en juego", añade.

En qué consisten "todos los medios legítimos", más allá de la conocida objeción de conciencia, es algo que la nota no explica --"son diversos", se limita a decir-- pero poco después de que los prelados aprobaran por unanimidad su redactado, el portavoz de la CEE, el padre Juan Antonio Martínez Camino, explicó por qué el organismo eclesiástico no había querido entrar en tales detalles sobre la resistencia a la asignatura. Se debe, al parecer, a una cuestión de rango: "Los obispos no descienden a niveles técnicos".

El portavoz de la Conferencia Episcopal sostuvo que Educación para la Ciudadanía está basada en "la peor de las morales" y, para justificar su veredicto sin fisuras, ofreció varios motivos: la materia no recoge la "visión trascendente del ser humano" ni "el concepto de verdad en el hombre" y sí, en cambio, tanto "la ideología de género" como "la moral del relativismo".

RESISTENCIA UNIDA "Cuando están en cuestión la libertad de conciencia y de enseñanza --concluye la declaración--, todos, y los católicos en particular, debemos mostrarnos unidos en su defensa". Antes de este mensaje de unión contra una asignatura que consideran antidemocrática --o, al menos, "impropia de un Estado democrático", según la retrata el texto--, los obispos explican, como ya hicieron el 28 de febrero en una declaración anterior, qué es lo que tiene Educación para la Ciudadanía que les resulta tan molesto. El motivo de fondo, aseguran, es que mediante esta asignatura --que está previsto que comience a impartirse a partir de septiembre y se ofertará en tres de los 10 cursos de la enseñanza obligatoria, uno al final de la primaria y dos en la ESO--, el Estado "se arroga un papel de educador moral" que no le corresponde.

Pero los prelados también parecen querer mostrar una faceta más conciliadora. En el texto explican que no verían con malos ojos el que esta materia, aunque se llamara de la misma manera, tuviera unos contenidos mucho más limitados. "Otra diferente --señalan también--, que no hubiera invadido el campo de la formación de conciencia y se hubiera atenido, por ejemplo, a la explicación del ordenamiento constitucional y de las declaraciones universales de los derechos humanos, hubiera sido aceptable". Y aún dicen más: "Incluso, tal vez, deseable".