La futura ley de transparencia afectará no sólo a las administraciones publicas, partidos políticos, sindicatos o la Corona, como se había difundido hasta ahora, sino también a la Iglesia. La vicepresidenta, Soraya Saénz de Santamaría, ha abierto la puerta a que la norma afecte parcialmente a la institución católica, dado que el Congreso aprobó, con el voto favorable de la mayoría de los partidos y en el seno del debate del Estado de la nación, que todas aquellas instituciones que se financien mayoritariamente con fondos públicos revelen estos ingresos a la opinión pública.
La transparencia de la Iglesia será, por tanto, parcial, dado que sólo difundirá los fondos que recibe de las distintas administraciones y no las donanciones privadas. Saénz de Santamaría ha advertido, no obstante, que el Gobierno aún no ha hablado con la autoridad eclesial sobre este asunto, al igual, ha argumentado la número dos del Ejecutivo, que no ha mantenido conversaciones con el elevado número de instituciones que se financian mayoritariamente con fondos públicos y que también estarán afectadas por la ley de transparencia.
La vicepresidenta ha explicado que, como paso previo, los partidos en el Congreso deberían adoptar una ley pensanda en un primer momento exclusivamente para las administraciones públicas a instituciones que se rigen por normas muy diferentes y están sometidas al derecho civil y no administrativo. La Razón había adelantado este viernes en su edición impresa la noticia de que la Iglesia va a someterse a la ley de transparencia.
Avanzan las leyes para luchar contra la corrupción
Saénz de Santamaría ha explicado asimismo que se ha constituído ya el grupo interministerial que estudia como llevar a la práctica dos de los compromisos anunciados por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, para luchar contra la corrupción en el debate del Estado de la nación. Uno hace referencia a la creación de un estatuto de la función pública que regule, entre otras cosas, la situación patrimonial de los cargos públicos. El otro hace referencia al control de la financiación de los partidos políticos.
La vicepresidenta ha asegurado que ambos se plasmarán en sendos textos legales que ya están muy "avanzados". El Gobierno ha solicitado ayuda para la elaboración de los mismos al Consejo de Estado, dada su dilatada "experiencia en estos asuntos", de la institución.
El CIS preguntará por el Rey
La número dos del Ejecutivo ha aventurado, por otra parte, que el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) preguntará en el futuro próximo "con normalidad" a la ciudadanía sobre la opinión que tiene del Rey y la Corona. El CIS no incluye a la Casa del Rey en ninguno de sus sondeos desde que la Zarzuela obtuvo su primer suspenso, en octubre del 2011.
