La crisis económica también afecta a la Iglesia católica, pero menos. Este año ingresará en sus arcas, procedentes directamente de las del Ministerio de Hacienda, un total de 247,1 millones de euros, apenas el 0,45% menos (1,2 millones) que en el 2011. Esta cantidad obedece a los 9,1 millones de declarantes que marcaron su casilla en la declaración de la renta del 2012 y le destinaron el 0,7% de su IRPF, de acuerdo con el convenio firmado por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y que entró en vigor en el 2007.

El balance fue calificado de "satisfactorio" y "moderadamente positivo" por el secretario general de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Juan Antonio Martínez Camino, y el vicesecretario para asuntos económicos, Fernando Giménez Barriocanal. A su juicio, las declaraciones a favor de la Iglesia (1,2 millones menos que en el 2011 y medio millón más que en el 2007) constituyen un "referendo anual" al que la Iglesia se somete ante los ciudadanos, similar al de la clase de Religión. Y eso que en esta especie de plebiscito de la fe la mayoría de los participantes son de la paganini clase media, ya que, como lamentó Martínez Camino, 6,7 millones de españoles no están obligados a hacer la declaración por sus escasos ingresos oficiales. Y como obvió, un número de personas con rentas elevadas prefieren acogerse a estructuras fiscales alternativas, como el impuesto de sociedades, y tampoco contribuyen por esta vía al dinero recaudado para la Iglesia, que se siente a gusto con este sistema de financiación.