Los obispos se situaron ayer, de nuevo, en contra de las evidencias científicas y sanitarias. Tras el anuncio del Gobierno de que las farmacias proporcionarán la píldora del día siguiente sin límite de edad ni receta, la Conferencia Episcopal Española (CEE) desempolvó cuatro documentos de hace unos años que considera vigentes.

Dos de ellos no tienen nada que ver con la iniciativa gubernamental, pues hablan de la píldora RU-486, que sí es abortiva y seguirá siendo administrada solo por los médicos. Sin embargo, en los otros dos, la Iglesia considera que las pastillas que el Ejecutivo quiere hacer más accesibles para atajar el aumento de embarazos indeseados suponen una "auténtica técnica abortiva".

No es así según, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud (OMS). El antigestante levonorgestrel, nombre científico de la píldora del día siguiente, tiene un efecto distinto según el momento del ciclo menstrual de quien lo ingiere --antes, durante o tras la ovulación--, pero en cualquier caso el organismo lo considera un "anticonceptivo de emergencia" destinado a evitar un embarazo. Es decir, que actúa antes de que llegue a producirse el embarazo.

No es esta la única tesis de la jerarquía clerical difícilmente sostenible a la luz de las certezas científicas. Como el Papa en Africa, Francisco Javier Martínez, arzobispo de Granada, en un artículo publicado el miércoles, sostuvo que "se silencia el dato --perfectamente constatado-- de que el preservativo ha propagado el sida". Este diario solicitó al Arzobispado ese "dato perfectamente constatado". Ayer no lo había recibido.

EXIGENCIA DE MADRID Al coro de críticos con la píldora se sumó ayer el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, quien afirmó que la medida del Ejecutivo socialista era un "error médico" y anunció que en los centros de salud de su municipio se seguiría exigiendo la receta para acceder al fármaco, algo que no impedirá que las farmacias lo vendan sin ella.

En realidad, conseguir la píldora del día después en comunidades como la gallega y la madrileña es harto difícil, y este es uno de los motivos por los que el Gobierno ha decidido potenciar su libre acceso.