Al contrario de lo que idea que figura en el imaginario colectivo, los impuestos y ayudas sociales no contribuyen a aminorar las graves desigualdades existentes en España, que se han acrecentado con la crisis y han provocado que la pobreza tenga nuevas caras, con las mujeres, los niños y los jóvenes entre los sectores más acuciados. Según el informe Reforzar el bienestar. Del ingreso mínimo a la renta básica, publicado por el Observatorio Social La Caixa, tanto el sistema fiscal y como el gasto social resultan poco redistributivos. Ante ello, la decena de autores del estudio coinciden en que hay que acometer una reforma urgente del sistema de protección, para adecuarlo a las nuevas necesidades sociales y económicas.
El análisis, coordinado por el exministro Jordi Sevilla, refleja que España ha experimentado en el último decenio un importante incremento de los niveles de desigualdad, hasta convertirse en el país de la UE donde más ha aumentado las diferencias entre ricos y pobres. Los motivos hay que buscarlos en que los mecanismos tradicionales de reparto, las políticas de empleo y las ayudas sociales, han saltado por los aires, en palabras de Sevilla, debido al alto nivel de paro, los cambios en la negociación colectiva y los recortes en las políticas sociales. Estos factores han contribuido a que numerosos colectivos hayan quedado excluidos del campo de protección. Las cifras lo demuestran: cuatro de cada 10 personas desempleadas no reciben ninguna ayuda y el 13% de los que trabajan viven por debajo del nivel de la pobreza. La pobreza infantil despunta, ya que cuatro de cada 10 hogares con niños se encuentran en riesgo de sufrirla. Y la pobreza relativa para los jóvenes se ha incrementado 10 puntos en una década.
LAS INEFICIENCIAS
Frente a ello, las soluciones no son eficientes. El gasto social (24% del PIB) es cinco puntos inferior a la media europea yel sistema tributario no es tan progresivo como debería, dado por ejemplo que los pobres pagan proporcionalmente más impuestos que la clase media. Todo ello contribuye a que, utilizando el coeficiente de Gini (ideado por el estadístico Corrado Gini para medir la desigualdad en los ingresos), España pase del puesto 16 hasta el 22 tras tener en cuenta los impuestos y las transferencias (ayudas no contributivas).
Para paliar esta situación, el exministro propone crear una renta básica universal, que en la presentación del informe se negó a cuantificar con el argumento de que primero hay que fijar el cómo y después el cuanto. Para calcularla, Sevilla propone que todos los ciudadanos hagan la declaración de la renta, incluidos los que están exentos, y si estuvieran por debajo de un nivel mínimo vital, el Estado les devolvería la diferencia. En caso contrario, debería pagar. La idea sería converger hacia este sistema y que los diferentes programas autonómicos de rentas mínimas, que según los autores del informe tienen problemas de diseño y se han demostrado insuficientes, se asimilen a la renta básica.
LOS PRECEDENTES
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) también ha propuesto recientemente acabar con el complejo sistema de ayudas e implantar una renta mínima unificada. Y hace tres años los sindicatos presentaron en el Congreso una iniciativa legislativa popular que proponía crear una renta básica para parados de larga duración, que ha decaído debido al bloqueo político.
