Un matrimonio gaditano ha declarado ante un juez imputado por un presunto delito de abandono de familia, por practicar el sistema de escolarización en casa con su hijo de 10 años.
La defensa del matrimonio ha explicado hoy a Efe que, en su comparecencia ante el juez el pasado 18 de febrero, los padres explicaron de forma pormenorizada las clases particulares que recibe su hijo y aseguraron que algunas de ellas las comparte con otros niños de su edad, un método avalado por un centro de California (EEUU).
El matrimonio declaró ante el juzgado de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), ciudad donde residen, denunciados por la Fiscalía a instancias de una trabajadora social de la localidad, quien aseguró que el menor vive "marginado de la sociedad y sin ningún trato con niños de su edad".
Los padres aportaron al juez su matrícula en California, mientras que la Asociación para la Libre Escolarización (ALE) de España ha iniciado una campaña de recogida de firmas de apoyo, que ha remitido al juzgado. En dicho escrito, ALE defiende que la elección del sistema educativo es un derecho reconocido en la Constitución y en los convenios internacionales, aunque en España no esté regulado por ley.
El menor, que tiene profesor en casa, no ha ido nunca a ningún colegio público ni privado pero es un niño "perfectamente integrado en su entorno" y se trata a diario con una veintena de niños de entre 10 y 14 años de su vecindad, según los padres.
La Fiscalía ha imputado a los padres por un presunto delito de abandono de familia por entender que su hijo puede estar en desamparo debido a su "ausencia de escolarización habitual".
El matrimonio fue denunciado en octubre de 2007 por la trabajadora social de Sanlúcar de Barrameda, que compareció como testigo ante el juez y dijo que se debería hacer un estudio sobre la salud mental de los padres, han añadido las fuentes. La defensa, por su parte, argumenta que "a día de hoy, nadie ha visto al niño ni lo ha evaluado" para respaldar el presunto delito cometido por sus padres.
Los padres han denunciado además las "vejaciones" sufridas por parte de la asistente social que les entrevistó, a quien acusa de amenazarlos con llevarles a la cárcel y coaccionarles para firmar la escolarización en tres días "o en caso contrario les quitarían de inmediato a su hijo", según la defensa.
