El rescate de los náufragos por el pesquero español ha coincidido con una reforma del Convenio SAP que pone aún más en evidencia el comportamiento irregular de las autoridades de Malta. El 1 de julio entró en vigor la normativa que obliga a los estados implicados a "cooperar" con el capitán del buque que haya recogido a los náufragos para garantizar su desembarco en un puerto seguro, cualquiera que sea su condición, procedencia o documentación. Malta no podía escudarse, por tanto, en que el rescate se produjo en aguas libias. La norma también deja claro que el resto de estados implicados --España y Libia en este caso--, están obligados a intervenir si Malta se niega.
