La indignación contra el paro imprevisto de los controladores aéreos se ha ido incrementando hoy en todos los ámbitos políticos y sociales, que han pedido más dureza contra ese colectivo, en una jornada en la que el PSOE y el PP se han enzarzado en un durísimo cruce de acusaciones.
Cuando hacía ya varias horas que estaba cerrado el espacio aéreo español, el Gobierno ha declarado el estado de alarma, una decisión que el vicepresidente primero del Ejecutivo, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha justificado en la actitud "insensata" de los controladores.
Mientras el Gobierno trabajaba por recuperar la normalidad en los aeropuertos, los dos principales partidos políticos abrían un nuevo capítulo en su historial de desencuentros.
Desde Valencia, el vicesecretario general de Comunicación del PP, Esteban González Pons, se ofrecía a "ayudar" e incluso "intermediar" para poner fin al "caos" provocado por los controladores aéreos ante la "incapacidad del Gobierno, que se ha visto superado claramente por la situación". "Si sabía lo que podía ocurrir, ¿por qué aprobó un decreto conflictivo para el colectivo de controladores en vísperas del puente más importante del calendario español?".
Unas palabras inmediatamente respondidas en Madrid por el secretario de Relaciones Institucionales del PSOE, Gaspar Zarrías, que acusaba al PP de situarse "al lado de presuntos delincuentes", como los controladores aéreos, y "en contra de los ciudadanos" en un "ejercicio de obsceno oportunismo". "Sería bueno que Rajoy y Pons respondieran a una pregunta, pues esa respuesta es hoy si cabe más urgente: ¿qué han tratado con los controladores, de qué han hablado con ellos en las últimas semanas?. Desgraciadamente, me espero lo peor", ha afirmado.
No han faltado críticas por la medida de decretar el estado de alarma, inédito en la historia de la democracia, que IU y el PCE han considerado "grave e inaceptable" y que demuestra, a su juicio, que el Gobierno no ha sabido gestionar el conflicto.
De "machada" ha calificado el PCE la decisión del Gobierno de aprobar ayer la privatización de AENA y la jornada máxima anual de los controladores, todo ello en vísperas del puente en el que muchos ciudadanos tenían previsto desplazamientos.
También el BNG ha visto desproporcionada la declaración de estado de alarma y ha lamentado que el Ejecutivo no fuese capaz de prever el conflicto, en palabras de su portavoz parlamentario, Francisco Jorquera.
Pese a los reproches al Gobierno por su gestión de la crisis de los controladores, esos partidos han censurado el comportamiento de este colectivo, en una línea similar a la mantenida por toda la clase política.
ERC, por ejemplo, ha pedido a los controladores que "depongan su actitud" y los ha definido como "una casta laboral privilegiada" por "todos los sucesivos gobiernos, sin excepción".
Poco antes de que los controlares se fueran incorporando a su trabajo, el ministro de Fomento, José Blanco, anunciaba que ya habían sido abiertos los expedientes disciplinarios a aquellos que ayer abandonaron masivamente sus puestos.
Blanco ha argumentado la adopción de "medidas sin precedentes" ante "un chantaje sin precedentes en democracia".
Unas horas antes, la vicepresidenta segunda, Elena Salgado, había avisado a los controladores de que pasarían a disposición judicial e irían "a la cárcel" si no se incorporaban a sus puestos de trabajo.
Para el secretario general de Turismo, Joan Mesquida, el paro masivo de los controladores ha supuesto un golpe "durísimo" al turismo, ha ocasionado "consecuencias brutales" y pérdidas millonarias a las compañías aéreas, a las cadenas hoteleras y al sector en general.
Mesquida también ha mostrado su preocupación por el "golpe" que supone para la imagen de España en el exterior y para el sector, uno de los pocos, a su juicio, que está demostrando fortaleza y síntomas de recuperación.
Desde Canarias y Baleares, dos de las comunidades más afectadas por el cierre del espacio aéreo, se ha exigido dureza contra este colectivo e incluso el presidente canario, Paulino Rivero, ha exigido que despida a los 2.400 controladores aéreos, al igual que hizo en 1983 el presidente de los EEUU Ronald Reagan.
La Xunta de Galicia, por su parte, ha trasladado su "total disposición" a colaborar con el Gobierno en el restablecimiento de la normalidad de los aeropuertos gallegos, así como a adoptar cualquier medida que sea de su competencia para mejorar la movilidad de las personas.
También la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y la Confederación Española de Hoteles han criticado la irresponsable e intolerable actuación de los controladores, que afecta gravemente a la imagen de España y su economía.
La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha anunciado que presentará una "querella criminal" contra los controladores que sean "culpables" del caos aeroportuario y un contencioso-administrativo contra AENA por entender que es "responsable" del funcionamiento correcto de los aeropuertos.
