El mismo día en que el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) hizo público su dictamen a favor de que la central de Santa María de Garoña (Burgos) siga operando 10 años más, lo que provocó el aplauso del sector nuclear y las protestas de los ecologistas, el único cargo gubernamental que se pronunció, el secretario de Estado de Energía, Pedro Marín, recalcó que el Ejecutivo no descarta cerrar la central. "No hay nada que se haya descartado y cualquier posibilidad está abierta", subrayó ayer.

La recomendación del CSN de que la planta abierta en 1971 siga activa no es vinculante. El Gobierno tiene hasta el 5 de julio para decidir si prorroga la actividad de Garoña más allá de los 40 años, plazo para el que fue diseñada, o si cumple su promesa y ordena el cierre. Todas las fuentes gubernamentales consultadas dan por hecho que José Luis Rodríguez Zapatero será quien decida, aunque muy pocos se atreven a aventurar un pronóstico, dado que ni siquiera en el Gobierno y en el PSOE hay unanimidad. La decisión es trascendental para el sector porque está en juego el futuro del resto de centrales y, en plena crisis, hay argumentos tanto para apostar por su continuidad como para desmantelarlas.

LAS ELECCIONES El CSN entregó su informe a Industria el viernes, pero el organismo regulador intentó ocultar el dictamen para no interferir en las elecciones. La excusa fue que el ministro Miguel Sebastián estaba de viaje y que hasta ayer la presidenta del CSN, Carmen Martínez Ten, no podía entregárselo en mano. Pero ya el viernes se supo que el consejo avalaba la continuidad de la central 10 años más, por lo que solo faltaba conocer las condiciones.

El CSN ha impuesto 15 requisitos y la novedad sobre otras prórrogas es que impone un plazo para que Endesa e Iberdrola, propietarias de la central, acometan alguno de ellos. Así, antes del 2011, Garoña tendría que instalar un sistema de tratamiento de gases radiactivos en caso de accidente, y antes del 2013 debería mejorar los grupos de aislamiento de penetraciones de la contención y mejorar la protección contra incendios.

A juicio de los ecologistas, la decisión del CSN ha sido "política", ya que la mayor parte de sus consejeros pertenecen a partidos pronucleares --PP y CiU--. Fuentes de estos grupos sostienen que un sector del PSOE da por hecho que Zapatero cerrará Garoña.

El responsable socialista de medioambiente, Hugo Morán, minimizó la importancia del dictamen del CSN al afirmar que "tiene el mismo valor que otros de carácter social o económico". En cambio, el lobi nuclear lo aplaudió y confió en que el Ejecutivo lo respete.