Las industrias españolas deberán frenar su incontrolado consumo de combustibles fósiles, que ha convertido a España en el país de la Unión Europea que está más lejos de cumplir las restricciones del protocolo de Kyoto. El Consejo de Ministros aprobó ayer ayer el segundo plan nacional de asignación (PNA) de emisión de gases de efecto invernadero para el periodo 2008-2012, que obliga a las empresas a reducir en un 20% las emisiones de CO2 respecto al año 2005. El retraso en la presentación de este proyecto ha motivado la apertura de un expediente a España por parte de la UE.
La vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, reconoció que las emisiones de gases causantes del calentamiento de la atmósfera alcanzaron el año 2004 en España niveles "completamente inaceptables", hasta tres veces por encima de los niveles establecidos.
Según De la Vega, se están tomando medidas de "trascendencia" como los nuevos planes de energías renovables y del ahorro y eficiencia energéticas, que están produciendo "una notable moderación de las emisiones desde hace dos años y medio". La vicepresidenta asegura que el plan combina las necesidades de cumplir con los compromisos de Kyoto y "la competitividad de la economía".
Las restricciones fijadas afectan a las actividades industrias, que suponen el 45% de la producción CO2 recogida en el inventario nacional de emisiones.
En total se reduce la asignación a las empresas de derechos de emisión hasta los 152.659 millones de toneladas/año frente a los 182.175 millones de toneladas/año del periodo 2005-2007. El objetivo es que en el año 2012, las emisiones globales de gases de efecto invernadero de España no superen en más de un 37% las del año base que se fijó como referente en Kyoto (1990).
EL COMPROMISO ESPAÑOL Al firmar este tratado, España se comprometió a superar únicamente en el 15% las emisiones de ese año. Para cumplir este objetivo, el plan establece que, además del aumento real del 15%, otro 2% se compensaría a través de la absorción por los sumideros de carbono (como el incremento de superficie arbolada) y un 20% adicional quedaría amortizado por la compra de derechos de emisión de otros países que no llegan a cumplir sus objetivos.
Iberdrola consideró ayer, sin embargo, que "va en la buena dirección aunque es insuficiente" para alcanzar el cumplimiento de los objetivos de Kyoto. A la espera de conocer el reparto de derechos, considera como "positivo" que las mejoras incluidas.
