¿Qué porcentaje de población vive en pequeñas ciudades o pueblos pero trabaja en grandes urbes? ¿Dónde pasan los españoles sus días libres de Navidad? ¿Y en verano, se quedan en casa o salen de vacaciones? Estas preguntas, entre otras, las realizaba el Instituto Nacional de Estadística (INE) a través de cuestionarios a ciudadanos. A partir de ahora, la estadística pública «se sube al tren de la tecnología» y conocerá esos datos gracias a la información que desprenden los móviles de los españoles.

Para ello, el organismo estatal pagará 500.000 euros a las tres operadoras de telefonía con cobertura de todo el territorio español -Movistar, Vodafone y Orange- por los datos de cómo sus usuarios se desplazan durante el día por trabajo o por estudios, durante unas jornadas concretas. Tanto el INE como las operadoras insisten en que son datos anonimizados y desagregados, es decir, que no permiten identificar a los usuarios.

IMPACTO HUMANO / «Los datos que manejaremos no serán nombres, sino recuentos. Es decir, cuántos teléfonos están en una ciudad a las cuatro de la mañana, por ejemplo. Eso sirve para desvelar qué cantidad de población vive en un lugar pero trabaja en otro. Son los mismos datos que teníamos antes gracias a los cuestionarios que realizábamos entre la población», explica un portavoz. Es lo que se llama población vinculada, una estadística que no se publica desde el 2011 y que sirve para calcular qué impacto humano soporta cada municipio.

La novedosa operación comenzará en breve. Dividirá el territorio en zonas con un mínimo de 5.000 habitantes (cuando el mínimo legal para analizar es de 10). Y el rastreo de los datos se producirá durante unos días determinados: las cuatro jornadas laborales que van del lunes 18 de noviembre al jueves 21 de noviembre, el domingo 24 de noviembre, el día de Navidad (25 de diciembre) y los días 20 de julio y 15 de agosto del 2020.

No es la primera vez que el INE trabaja con empresarios privados. Hace unos días, técnicos del organismo se reunieron con Airbnb para «analizar posibles vías de cooperación en el análisis del fenómeno de las viviendas turísticas en España». El objetivo es, según el INE, incorporar los datos de esta plataforma, y de otras similares, a las estadísticas oficiales. En opinión del portavoz del organismo, la manera tradicional de realizar encuestas (cuestionario físico o por teléfono) es más cara y tiene poco sentido en un mundo en el que el big data (manejo y estudio de grandes cantidades de datos de usuarios) está plenamente implantado.

SELLO DE CALIDAD / Según el responsable del INE, el proyecto cumple con todas las leyes de protección de datos. «Nuestros datos son anonimizados. El secreto estadístico es nuestro sello de calidad», señalan. Y Vodafone sostiene que desde su app cualquier usuario puede revocar el permiso para usar los suyos. La Agencia de Protección de Datos, sin embargo, ya ha pedido explicaciones al organismo sobre los protocolos establecidos con las operadoras para la utilización de esa información.

Pero usuarios y expertos quieren saber más. Facua-Consumidores en Acción afirma que su servicio jurídico lo está estudiando detenidamente. Por su parte, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) subraya que la localización es un dato personal y protegido por ley. «Es básico que apliquen medidas de seguridad mínimas y que los datos se estudien de forma agregada con medidas de garantía adecuadas. Sería necesario analizar qué establece el contrato entre el INE y las tres operadoras implicadas», añade la portavoz.

«La geolocalización es una información sensible porque un día se podría saber si alguien está en una iglesia, un hospital o una sede política. Por eso, es necesario que el INE ofrezca más información». No es la primera vez que las administraciones recurren a las operadoras. Fomento ya anunció en abril del 2018 un estudio de cuatro meses con Orange y Kineo sobre la movilidad en carreteras españolas.