Un informe de la organización no gubernamental Save the Children denuncia los abusos sexuales a menores por parte de trabajadores de las oenegés y fuerzas de paz es común y afirma que los esfuerzos para proteger a las víctimas son inadecuados. Un estudio de la organización asegura que en las situaciones de emergencia hay niveles significativos de abuso que en la mayoría de los casos no se denuncia, y agrega que, a menos que no se silencie, los intentos para eliminar la explotación "seguirán teniendo fallos". Las acusaciones de abusos sexuales por parte de fuerzas de paz de Naciones Unidas y cooperantes en todo el mundo han aumentado en los últimos años y la ONU está investigando denuncias contra sus soldados en zonas como Haití, Liberia, Costa de Marfil y la República Democrática del Congo. Pese a que la ONU y algunas organizaciones no gubernamentales estaban incrementando sus esfuerzos para tratar el problema, Save the Children estima que debe establecerse un "guardián global" este año para observar los "intentos de eliminación del abuso y abogar por respuestas efectivas". Save the Children basa su informe en varias visitas efectuadas el año pasado a Haití, el sur de Sudán y Costa de Marfil. Así, creó 38 grupos de discusión con 250 niños y 90 adultos, seguidos por entrevistas en profundidad con algunos de ellos e investigaciones. El estudio descubrió un amplio rango de explotación y abuso: niños intercambiando sexo por comida, sexo forzado, abuso sexual verbal, prostitución infantil, pornografía infantil, esclavitud sexual, ataque sexual y tráfico de niños. Los grupos de discusión identificaron a niños de tan sólo seis años como víctimas de abusos, pero la mayoría tenía entre 14 y 15 años. De los 38 grupos, 20 identificaron a las fuerzas de paz de la ONU como los posibles sospechosos, aunque un total de 23 organizaciones humanitarias, de paz y seguridad fueron asociadas con casos de abuso sexual en los tres países. Para Save the Children, hay muchas razones por las cuales no se denuncian los abusos: temor a perder la ayuda material, amenaza de retribución, estigmatización, impacto económico negativo, falta de servicios legales, resignación al abuso, falta de información sobre cómo denunciar un abuso y, fundamentalmente, falta de confianza en una respuesta. "Muchas agencias de la ONU y oenegés aquí sienten que nadie las puede tocar", asegura un cooperante de Costa de Marfil.