Un nuevo y polémico sistema permitirá a los padres británicos saber si un desconocido que vive, trabaja o se relaciona con sus hijos tiene antecedentes por abuso de menores. El plan, que entró en vigor ayer a modo experimental en cuatro regiones inglesas, autoriza a la policía a facilitar a padres, profesores y tutores detalles de las denuncias o condenas por pederastia de cualquier persona en contacto con los pequeños.
El ensayo durará un año y si los resultados se consideran concluyentes se extenderá al resto del país.
La iniciativa responde a una campaña popular, apoyada por varios diarios británicos, que comenzó tras el asesinato en el año 2000 de la niña de 8 años Sarah Payne a manos de un hombre condenado previamente por abusos sexuales a menores. La madre de la pequeña, que también se llama Sarah, considera la medida "un gran paso" para ayudar a los padres a proteger a sus hijos.
ATAQUES AL SOSPECHOSO Varias organizaciones de protección de menores estiman contraproducente el acceso a una información que puede desembocar en ataques del vecindario contra los sospechosos, que podrían optar por una vida clandestina que haría más difíciles los controles policiales.
Diana Sutton, de la Sociedad Nacional para la Prevención de la Crueldad contra la Infancia, apuntó ayer que el sistema puede crear "un falso sentido de seguridad" y pidió a los ciudadanos que se mantengan alerta "porque no todos los que abusan de los niños están fichados, ya que muchos no son detenidos".
La normativa permitirá, por ejemplo, a una madre separada saber si sobre el hombre con quien piensa marcharse a vivir pesa algún cargo por abuso o por violencia domestica.
Las mismas indagaciones se pueden hacer sobre el vecino que juega con los niños o el entrenador que organiza las actividades deportivas. Los datos tienen carácter confidencial y los padres que difundan la información a otros miembros de la comunidad corren el peligro de ser procesados.
La policía realizará dos tipos de comprobaciones. La primera, en un plazo de 24 horas, consistirá en saber si el sospechoso tiene antecedentes como pederasta. Después, en un plazo de 10 días, un grupo con representantes de la policía, los servicios de prisiones y otras instituciones determinará si el individuo sigue suponiendo un riesgo para los jóvenes. En caso de que así sea, los padres serán informados.
CONFIDENCIALIDAD "La verdadera prueba será el ver si los padres respetan la confidencialidad de la información o si se lo cuentan a otra gente, con el riesgo que eso supone", ha señalado Paul Cavadino de la organización Nacro, dedicada a la prevención de la delincuencia, quien ve factores gravemente contraproducentes en el nuevo sistema de control que quiere implantar Reino Unido para frenar el abuso a menores.
