Los ex concejales del Grupo Independiente Liberal (GIL) Tomás Reñones, Alberto García Muñoz y José Luis Troyano han ingresado en la cárcel del municipio malagueño de Alhaurín de la Torre para cumplir con la pena de nueves meses de prisión pactada con la Fiscalía por un delito urbanístico.

Los ex ediles entraron ayer de forma voluntaria tras recibir la sentencia firme que les condena por la concesión de licencias para la construcción en Marbella de 250 viviendas a la empresa Algabamar II SL, según publica hoy el diario Sur.

Fuentes de sus defensas aseguraron hoy a Efe que "al conformarse en el juicio con la pena solicitada por el ministerio público, no cabía recurso y tenían que ingresar en prisión". Subrayaron que estos ex concejales durante el juicio se conformaron con la pena de prisión pedida por el fiscal por lo que no podían recurrir, pero sí adelantaron que intentarán conseguir el tercer grado para ellos.

Está previsto que también ingresen en el Centro Penitenciario de Alhaurín de la Torre los ex concejales Dolores Zurdo y Francisco Javier Lendínez.

El juicio, se celebró el pasado 27 de octubre en el Juzgado de lo Penal número 7 de la Audiencia Provincial de Málaga, tras la ausencia de algunos de los abogados o acusados durante el ejercicio de la vista oral que tuvo lugar, la primera sesión, el 22 de septiembre. Por esta misma causa, el ex alcalde de Marbella Julián Muñoz y cuatro ex concejales de la localidad fueron también condenados a un año de prisión y a diez de inhabilitación.

El también ex concejal José Luis Fernández Garrosa, condenado a nueve meses, se encuentra igualmente en prisión por otro procedimiento anterior, en el que fue condenado a una multa que no pagó y por tanto se ha ejecutado la cárcel como pena subsidiaria.

En el caso se enjuiciaron los hechos relativos a la concesión de varias licencias por parte del Ayuntamiento a la empresa Algabamar II entre 1998 y 1999 para la construcción de 250 viviendas en unos terrenos calificados como rústicos y rústicos de control en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 1968.

El Consistorio otorgó en comisión de gobierno en noviembre de 1998 la licencia al proyecto básico para la primera fase de la promoción inmobiliaria, que comprendía cien viviendas, y en enero de 1999 aprobó el proyecto de ejecución.

En julio de 1999 la comisión de gobierno concedió la licencia a los proyectos básico y de ejecución de la segunda fase de dicha promoción, con 90 viviendas, y en octubre de ese año hizo lo mismo con la tercera fase, que preveía la edificación de 60 inmuebles.