El juez Fernando Ferrín Calamita fue condenado ayer por el Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSRM) a dos años, tres meses y un día de inhabilitación para empleo o cargo público por retrasar de forma maliciosa la adopción de una menor que había sido solicitada por la compañera de la madre biológica. El fallo aprecia el agravante de desprecio a la orientación sexual de la adoptante e incluye una indemnización de 6.000 euros y el pago de las costas, también las de la acusación particular. Con todo, el TSJRM cree que no hubo "un plan preconcebido para que la adopción no se produjese", sino que quiso dificultarla.

Ya en el 2007, Calamita fue expedientado por el Consejo General del Poder Judicial por causar retrasos en la adopción. La pareja de mujeres inició el papeleo en mayo del 2006, pero el proceso acabó convirtiéndose en "un vía crucis de trabas y dilaciones injustificadas" por parte del juez, según denunciaron las dos afectadas. El magistrado aseguró que no retrasó a propósito el asunto, aunque es cierto que, en paralelo, planteó una cuestión de inconstitucionalidad sobre estas adopciones. Entre otras tretas, Calamita encargó un informe psicológico de la adoptante que posteriormente consideró innecesario.

Antes, el juez había sufrido otra reprimenda del CGPJ por quitar la custodia de sus dos hijas a una mujer por ser lesbiana. Consideró, también, que "el ambiente homosexual perjudica a los menores".