La asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD) ve «injusto» que se penalice con prisión «un acto de amor» como el que, a su juicio, protagonizó Ángel Hernández al ayudar a morir a su mujer. El presidente de la entidad, Javier Velasco, recordó ayer en declaraciones a Efe que el detenido es socio de la organización y que, como tal, recibió información sobre «cómo acceder a medicación que puede acabar con la vida», indicaciones que son públicas y accesibles en diferentes webs, todas ellas extranjeras, ya que la compra de estas sustancias está penada en España por ser un delito contra la salud pública.
Además, Velasco insistió en que «la mayoría» de la población española está a favor de la despenalización de la eutanasia y lamentó que 21 años después de que la muerte de Ramón Sampedro abriera el debate no se haya logrado en España «que se pueda acabar con la vida de una manera digna». En el extremo opuesto, el portavoz de la Oficina del Defensor de Sanitario, Juan Manuel Molina, afirmó que casos como el de María Jose Carrasco deberían estar protegidos por la Fiscalía, «porque debe protegerse a las personas en situaciones de extrema vulnerabilidad» frente a la posibilidad de que alguien «les acorte la vida».
